Desde el punto de vista del daño económico, tanto los grandes empresarios como los pequeños, así como gremiales y transportistas quieren evitar el paro. También hay que sumar a los alcaldes, debido a la recaudación y la coparticipación tributaria.
Según Reymi Ferreira, pueden haber dos escenarios desde la perspectiva de la élite cruceña. “Primero, que obtengan su demanda y el Censo se adelante; y, segundo, provocar un desgaste, sobre todo económico, a la gestión de Luis Arce”. Tomando en cuenta este factor es que diferentes sectores coinciden en el pedido de tratar de frenar el paro indefinido convocado por el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara Nacional de Exportadores (Caneb) y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) pidieron por separado, tanto al Gobierno central como al Comité Impulsor del Censo, un diálogo para evitar llegar a la medida extrema del paro indefinido.
“Las autoridades tienen que tener la capacidad de trabajar y llegar a un consenso. Obviamente, como CAO necesitamos que el Censo sea para 2023, pero siempre hemos dicho que el agro no puede parar. Por eso necesitamos ese consenso, para garantizar la alimentación del pueblo”, señaló Óscar Mario Justiniano, presidente de la Cámara Agropecuaria.
“Al menos 300.000 dólares de pérdida en exportación por día de paro en Santa Cruz. Instamos que desde los gobiernos locales y el nacional tomemos las medidas para no llegar a esta instancia”, señaló Danilo Velasco, presidente de la Caneb.
En tanto, el presidente de Fegasacruz, Adrián Castedo, exhortó a las autoridades de Santa Cruz a sentarse a dialogar con el Gobierno. El dirigente ganadero recordó que el departamento no puede dejar de producir alimentos para el país. “Por la seguridad alimentaria y la provisión de la carne, hacemos un llamado a las autoridades nacionales y departamentales a que se sienten a conversar y evitemos afectaciones a la canasta familiar”, exhortó el dirigente, citado por ABI.
INGRESOS.
El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, aseguró que el paro cívico provocará un daño económico diario de $us 32 millones a este departamento.
“Mi departamento va a perder $us 32 millones por un día de paro. ¿Quién va a reponer estos $us 32 millones, usted o los que están defendiendo con supuesta persecución política? Y nosotros como Ministerio de Obras Públicas, a través de Naabol, Vías Bolivia y la Terminal Bimodal, vamos a perder más de $us 6.997.000”, lamentó Montaño.
En ese sentido, también existe preocupación por parte de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), debido a la disminución en los ingresos tributarios que puede generar esta medida de protesta.
El director de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) Bolivia, Rodrigo Puerta, expresó su preocupación respecto al paro anunciado en Santa Cruz, que demanda Censo para 2023, pues esa medida afectará la coparticipación tributaria destinada a los gobiernos ediles.
Afirmó que un paro indefinido implica una paralización de las actividades económicas, pues no hay compras ni ventas, y no habrá facturación. “Se paraliza el IVA, que es el principal impuesto de la coparticipación tributaria y, por tanto, la coparticipación tributaria se reduce para los gobiernos municipales de todo el país”, explicó Puerta.
Si el Gobierno no deroga el Decreto Supremo 4760, que define la realización del Censo para 2024, se iniciará un paro indefinido en Santa Cruz este 22 de octubre.
