La publicación en la sección de economía del diario Página Siete en días anteriores, donde apunta que las empresas públicas habrían generado pérdidas por Bs 3.000 millones, produce gran sorpresa y concita el análisis con relación a los razonamientos expuestos por el autor para determinar la validez de los mismos y, a su vez, revisar los datos con los que se cuenta para validar este titular.
En primer término, es necesario llamar la atención en cuanto a las imprecisiones en las que incurre el autor de la publicación, puesto que, en primer lugar, hace referencia a empresas públicas inexistentes como son Complejo Buena Vista o Empresa de Azúcar Bermejo, argumentando la inexistencia de información financiera publicada en la red de esas empresas.
Al respecto, resulta lógico que no se haya publicado información sobre empresas que nunca fueron creadas. Al mismo tiempo, llama la atención que se extrañe información financiera de empresas públicas cuando esta se encuentra al alcance público a través de una simple búsqueda en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, donde también se pueden apreciar los datos de las otras empresas existentes.
Por otra parte, resulta llamativo el hecho de que se haga referencia a los decretos de cierre de dos empresas públicas, pero se desconozca que también mediante decreto se procedió a la fusión de tres empresas que se encontraban funcionando al interior del Servicio de Desarrollo de Empresa Pública (SEDEM), siendo que antes de su fusión eran empresas exitosas que se convirtieron en más eficientes para dar lugar a la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) desde 2018.
Como contraparte de este análisis, debe tenerse presente que todas las empresas públicas cumplen con sus obligaciones con el Estado con relación al pago de impuestos y a los entes gestores de seguridad social sin que tengan un tratamiento distinto al del empresario privado. Asimismo, no existe reporte de incumplimiento con relación a los financiamientos obtenidos tanto del Banco Central como del FINPRO.
Por otra parte, no debe dejarse de lado el hecho de que el conjunto de empresas públicas cumple su objetivo a tiempo de ejercer un papel de responsabilidad empresarial cuando apoya al pago de bonos sociales, como son el bono Juancito Pinto o la Renta Dignidad, con prescindencia de la transferencia del resto de sus utilidades al Tesoro General de la Nación (TGN) y el pago de sus impuestos, con lo cual las empresas públicas han transferido, aproximadamente, Bs 3.535 millones por concepto del bono Juancito Pinto desde 2014.
Finalmente, luego de haber advertido las imprecisiones anotadas, queda reflexionar que más allá del cuestionamiento al sistema de empresas públicas se debe destacar que, pese al duro momento vivido durante la inestabilidad política con la toma del poder durante 2020, seguido de la pandemia, las empresas públicas se encuentran reaccionando de manera favorable en la presente gestión; cumplen con sus obligaciones tanto tributarias como financieras y se encuentran promoviendo el empleo y la reactivación del aparato económico boliviano.
Magali Balboa es auditora.
