Es bien sabido que la democracia consiste en mucho más que el acto electoral en el que las personas depositan su voto delegando su participación en los asuntos públicos a otros que les representarán en el Legislativo y les gobernarán desde el Ejecutivo; consiste en que quienes recibieron ese poder delegado gestionen los conflictos del modo más adecuado posible, resolviendo necesidades.
Consecuentemente, diversos grupos sociales plantean sus demandas y establecen el conflicto entre lo que desean o necesitan y las posibilidades del Estado de satisfacer tales expectativas; según la teoría, la calidad de la democracia puede ser medida por la capacidad del poder constituido de administrar los conflictos y resolverlos. Pero la realidad es más compleja.
En los hechos, algunos grupos plantean conflictos de difícil, si no imposible solución con el propósito, consciente o no, de convertirlos en crisis, es decir situaciones en las que la resolución pasa por un cambio en las relaciones de poder. Es tarea de los gobiernos si no evitar esas crisis, gestionarlas del mejor modo posible, es decir evitando la pérdida de poder y la ruptura del orden establecido.
Hoy el Gobierno nacional enfrenta no pocos conflictos, y es lo normal. Pero algunos de ellos tienen contornos críticos, lo cual pone a las autoridades en situación de asedio. El primero de ellos, y por ahora el más visible, es el planteado por la “institucionalidad cruceña”, que en dos días más tiene previsto iniciar un paro cívico indefinido en demanda de la realización del Censo de Población y Vivienda en 2023.
El segundo asedio proviene de grupos corporativos que plantean demandas difíciles de satisfacer, como la división entre los productores de coca del departamento de La Paz y la demanda de cierre de uno de los dos mercados legales de la hoja, o la de mineros y maestros de evitar el funcionamiento de la Gestora que administrará los fondos de pensiones, o la de algunos comités cívicos que se han plegado a la demanda cruceña, pero añadiendo demandas particulares, como en el caso de Beni.
El tercer frente de asedio proviene de adentro del partido en función de gobierno, cuyo jefe nacional, y expresidente del país, no solo plantea abiertamente sus críticas al modo de gobernar, sino que parecería tener la intención de obstaculizar la gestión. Las interpretaciones de tal comportamiento no son fáciles, y en su gran mayoría terminan cayendo en la diseminación de prejuicios producidos por líderes opositores y amplificados por sus operadores mediáticos.
El país está, pues, en un momento particularmente delicado, con discursos que se alimentan de los errores estratégicos de los gobernantes, pero también de posiciones que rayan en lo sedicioso. Toca que las autoridades tomen la iniciativa de un modo más activo y sean capaces no solo de galvanizar adhesiones, sino también de desactivar conflictos que pueden alimentar una situación de crisis como la que algunos quisieran instalar.
