A mediados de esta semana se celebró el Día Internacional de las Familias a nivel global. Valga la ocasión para rememorar un par de momentos en el pasado de mediano y corto plazo en Bolivia, en los que se intensificó la batalla cultural con foco en este tema.
Uno primero se remonta a la discusión que se generó alrededor del Código de Familias que fue promulgado en 2014. Entonces corrían tiempos en los que el proyecto que encabezó el MAS-IPSP había logrado proponer soluciones a algunos problemas socioeconómicos y el gobierno contaba con una nutrida legitimidad que le permitió adentrarse durante esos años en algunos de los temas más culturales de nuestra sociedad, en clave de desarrollo normativo del texto constitucional garantista que había sido aprobado mayoritariamente en 2009.
Entonces, incluso dentro del mismo MAS-IPSP se libró una pugna de sentidos entre las posiciones conservadoras y progresistas que compartían partido y gobierno en ese momento (estas posturas habían quedado bastante develadas en 2010 por el tema del derecho a elegir). Y, claro, de manera externa al gobierno, no quedaron exentas las voces desde iglesias varias y organizaciones que, con el foco territorial en Santa Cruz, defendían sus posturas conservadoras ante lo que se entiende como familia (entonces así, en singular).
De ahí que el resultado del debate puntual sobre este tema —mediado por una Asamblea Legislativa Plurinacional que aún representaba estas posturas y, sobre todo, funcionaba como tal— terminó dando como resultado una normativa que finalmente plantea, hasta el día de hoy, una visión diferente de la estructura de familia, del derecho de filiación, de la emancipación y de la asistencia familiar, entre otros asuntos.
Por el otro lado, así sea a nivel local y se haya visibilizado de forma intempestiva, el pasado 2023, en fechas similares a las de hoy, existió también un momento político en el que una concepción más conservadora de lo que se entiende por familia retomó la palestra política y discursiva a nivel local. El denominado Family Fest (evento que se organiza a lo largo del globo con el objetivo de “recuperar” la noción de “familia natural”) tuvo lugar en la ciudad de Santa Cruz y fue apoyado por la Gobernación del departamento. Entonces, el evento tuvo una para nada desdeñable concurrencia, pero sobre todo inversión de recursos que lo amplificaron en varios niveles. Fue la ocasión en la que Agustín Laje estuvo en Bolivia para decirle a nuestra sociedad que las políticas que amplían derechos para las mujeres buscan la “demonización de los hombres”. Este año, la llegada del Día de las Familias parece haberle pisado los talones (y los bolsillos) a una Gobernación que con el liderazgo de Creemos (ala camachista), en 2023 avanzaba decididamente hacia la implementación de normativa y políticas (en consecuencia recursos) de corte conservador.
Por el momento, por las desafiantes pugnas de poder que atraviesa la Gobernación y la Asamblea Legislativa Plurinacional de Santa Cruz, esa intentona neoconservadora parece haber pasado a un segundo plano, lo que no significa que el sentido cultural respecto a cómo la sociedad y el Estado entienden a las familias dejará de ser una importantísima asignatura por disputar desde la política. Pero su funcionamiento cotidiano seguirá siendo una experiencia personal, vital, identitaria y cambiante, multiplicada por todas sus posibilidades y cada una de las vivencias; cuya bandera —ya se ve— será levantada desde la política institucional solamente cuando los intereses de cambio y/o preservación cultural estén amenazados.
(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka
