El Tribunal Administrativo de la OEA falló contra el secretario general del organismo, Luis Almagro, por daños morales, personales y profesionales a Paulo Abrão, conoció La Razón.
Elegido por un nuevo mandato en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el abogado brasileño fue impedido de ejercer sus funciones por veto del jefe de la OEA en 2020.
Entonces, Almagro había dicho que Abrão tiene “61 denuncias” y que para el puesto de secretario ejecutivo de la CIDH se requiere “idoneidad personal, moral y profesional”.
El 21 de octubre, al Tribunal Administrativo de la OEA emitió su fallo respecto del caso y consideró los argumentos del recurrente y del recurrido.
Fallo
En su fallo, el tribunal consideró “declarar con lugar” la petición de Abrão de solicitar una indemnización por los daños morales, personales y profesionales en su contra.
Así, la Secretaría General de la OEA deberá pagar al recurrente, en calidad de indemnización el equivalente a 12 meses de salarios.
Además, la oficina de la OEA debería permitirle a Abrão el “ejercicio de rectificación o respuesta establecido en el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.
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Ese documento establece que toda persona “tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley”.
Información
El tribunal afirma también que la Secretaría General de la OEA deberá ofrecer a Abrão información sobre la fecha de su ingreso a la CIHD, la denominación de su cargo y la fecha de terminación de su mandato.
Además, la propuesta textual realizada en su momento por la Comisión para la extensión de su mandato y “una declaración de que, a la fecha de terminación de su contrato, no existía ninguna investigación o hallazgo formal ni sanción contra él”.
La oficina de Almagro también deberá pagar gastos legales y costas de parte del recurrente.
Final de mandato
En tanto, dicho tribunal rechazó la petición del recurrente de condenar al Secretario General de la OEA por supuestamente haber frenado la conclusión del mandato de Abrão.
Sobre esto, el tribunal ese “contrato feneció no por terminación decidida por la autoridad nominadora, sino por el vencimiento de su plazo”.
En 2020, Abrão fue reelegido en sus funciones en la CIDH, órgano independiente de la OEA, pero no pudo ejercer su cargo debido al veto de Almagro.
Veto de Almagro
Cuando el 28 de agosto de 2020 el uruguayo arguyó el veto, citó casos contra Abrão: “conflicto
de interés, tratos diferenciales y retrocesos graves en la transparencia de los procesos”.
Entonces, Almagro arguyó que el brasileño no tiene moral de continuar en el puesto debido a decenas de denuncias que no pudo probar.
Además, “retaliaciones y violaciones al código de ética, impunidad para denuncias de acoso sexual, por mencionar algunas”.
Por eso, el Tribunal Administrativo de la OEA consideró que esas calificaciones pusieron al recurrente “en una situación penosa a la luz pública y sin lugar a dudas afectaron adversamente la reputación del recurrente”.
Bolivia
Abrão tuvo relevancia en Bolivia por el informe preliminar sobre la violencia y violación de derechos humanos en 2019.
En su mandato, la CIDH evidenció masacres en Sacaba y Senkata, cuando por orden del gobierno de Jeanine Áñez la represión terminó en una veintena de fallecidos.
En tanto, Almagro fue gravitante en las elecciones fallidas de 2019, al considerar una misión de la OEA que en el proceso hubo “manipulación dolosa”.
