El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha afirmado este lunes que «no dará tregua a los detractores», refiriéndose al sector de la oposición que está en contra de que continúe al frente del Gobierno, alegando que «no tienen la autoridad moral» para decir que su Ejecutivo es corrupto.
En una intervención durante la entrega de títulos de propiedad para familias e instituciones de la región Apurímac, en el sur del país, el mandatario peruano ha justificado su razonamiento asegurando que entre quienes lo critican se encuentran personas que gobernaron con anterioridad el país, según ha informado Willax TV.
«Me dirijo a Perú, para decirles que nosotros no vamos a dar tregua a detractores, a gente que tuvo la oportunidad de conducir los destinos del país y hoy, no tienen la autoridad moral para decir que este Gobierno es corrupto», ha sostenido Castillo, haciendo un llamamiento a la población para que «una vez por todas» se dejen de lado «estos enfrentamientos inútiles».
Asimismo, el mandatario peruano ha recordado que su Gobierno tan solo lleva 15 meses y que, aún así, se le exige «las demandas históricas que otras gestiones la ignoraron y no pusieron el pecho para hacerlo».
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«Debo decir al pueblo peruano que nos mantenemos firmes para afrontar los grandes problemas del país», ha agregado Castillo durante su intervención.
El pasado 12 de octubre Castillo fue denunciado constitucionalmente ante el Congreso del país por la Fiscalía General peruana, quien ha acusado al mandatario de corrupción.
Ante esta denuncia constitucional, la Presidencia de Perú ha pedido a la Organización de Estados Americanos (OEA) que active la Carta Democrática Interamericana para preservar la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio de poder, alegando que la denuncia presentada por el Ministerio Público en su contra es «una nueva modalidad de golpe de Estado».
Según la Fiscalía, el presidente de Perú sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con el exministro de esta cartera, Juan Silva; así como con funcionarios de las empresas Provías Nacional y Provías Descentralizado, del despacho presidencial y de otros empresarios, todo ello en aras de favorecer al consorcio ‘Puente Tarata III’ y a otras compañías en procesos de licitación pública.
