Las instituciones empresariales al unísono han rechazado la decisión gubernamental de cerrar las exportaciones de productos alimenticios, así como el “cerco a Santa Cruz”, liderado por los movimientos sociales afines al Gobierno, además de demandar una pronta solución al conflicto en torno a la fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda.
La Cámara de Industria y Comercio (Cainco), Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas (Caniob), Confederación de Empresarios Privados (CEPB), Asociación de Productores de Oleginosas (Anapo) y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), todas las instituciones que aglutinan al sector agroindustrial cruceño han emitido comunicados, cuando no descargos públicos a través de sus representantes, en algunos casos en términos duros, rechazando las acciones del gobierno.
El presidente de la Cainco, Fernando Hurtado, en un video institucional, acusó al gobierno de “crear una gran cortina de humo para tapar la mala gestión de la economía del país”.
En tanto, su par de la CAO, Óscar Mario Justiniano, en otro video institucional señaló que “lacciones desacertadas llevan a países al fracaso” y calificó la medida estatal como un atentado con el sector.
El ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca justificó la medida para garantizar el abastecimiento interno, argumento que fue rebatido por los empresarios agroindustriales.
“No es correcto hablar de desabastecimiento cuando existe producto listo en los almacenes para ser distribuido en el mercado interno y si hay dificultades en la llegada a algún punto del país es consecuencia de los conflictos sociales como el cerco a Santa Cruz”, replicó Jorge Amantegui, presidente de Caniob.
“Hemos demostrado en los últimos años que nunca ha estado desabastecido el mercado y en este momento no existe ese riesgo”, complementó el presidente de la Cadex, Oswaldo Barriga.
“Responsabilizamos al Gobierno nacional de las consecuencias que puedan ocurrir de continuar con estas medidas extremas”, anticipó Adrián Castedo, presidente de Fegasacruz.
Desde el Gobierno, las respuestas no se dejaron esperar. El primero en contestar fue el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen.
YPFB había sido acusado de frenar el suministro de gas en el Parque Industrial por el presidente de la Cainco.
“Son afirmaciones totalmente políticas de una persona que no entiende, que no quiso en ningún momento sentarse con YPFB, yo estoy a un WhatsApp de distancia, la segunda reunión que tuvimos con la Cámara Agropecuaria del Oriente fue de un WhatsApp que me enviaron”, afirmó el titular de la estatal petrolera.
En tanto, el ministro Huanca criticó que no se hayan pronuncido por el perjuicio del paro indefinido que lleva adelante la institucionalidad cruceña.
“Después de seis días de paro, recién se pronuncian, ¿por qué no lo hicieron en su momento? cuando empezó el paro que afecta a toda la población”, observó Huanca y reiteró que la suspensión temporal de las exportaciones de estos seis producto solo tiene el objetivo de garantizar el abastecimiento interno, puesto en riesgo por el paro cruceño.
