El Presupuesto General del Estado (PGE) 2022, cuya reformulación fue aprobada el fin de semana por el pleno de los Diputados, adiciona más de Bs 1.720 millones para que sean distribuidos entre 127 entidades del sector público.
Los recursos deberán serán ejecutados en programas y proyectos en la amplia geografía nacional, de acuerdo con el aprobado proyecto de Ley 354/2021-2022 por mayoría absoluta.
“Estamos incorporando más de Bs. 1.720,9 millones pen distintos programas y proyectos a nivel nacional para 127 entidades que han solicitado la inscripción de recursos adicionales”, informó el presidente de la comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, Omar Yujra.
Con la reformulación, el presupuesto agregado para esta gestión pasa de Bs. 304.045 millones a Bs. 305.954 millones, lo que representa un aumento de Bs. 1.909,5 millones (0,6%), precisó el parlamentario oficialista.
De acuerdo con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, durante su exposición de la norma en el hemiciclo, “el presupuesto consolidado pasa de Bs. 235.090 millones a Bs. 236.811 millones, es decir, Bs. 1.720,9 millones adicionales (0,7%)”.
El incremento en la partida consolidada tiene como base la solicitud de 127 entidades del sector público y no como una “imposición desde un ministerio o desde el Gobierno central”, precisó la autoridad de Estado.
Un reporte parlamentario señala que, de las 127 instituciones, 26 son entidades descentralizadas, entre ellas, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL), AEVivienda, Muserpol, Vías Bolivia, Servicio de Impuestos Nacionales, Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf) y otros, que se beneficiarán con recursos adicionales que alcanzan los Bs. 1.029 millones.
Además, 13 Órganos del Estado como el Tesoro General de la Nación, los ministerios de Educación, Defensa, Medio Ambiente, Obras Públicas, Gobierno, Desarrollo Productivo y el Órgano Judicial también recibirán Bs. 260,2 millones extras.
De la misma forma, 61 municipios se favorecerán con Bs. 202,5 millones adicionales para la amortización de sus deudas con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), gastos de capital, funcionamiento del Ejecutivo y Concejo Municipal, construcción y mantenimiento de infraestructura urbana y rural, fortalecimiento de programas municipales, construcción, refacción y equipamiento de unidades educativas, desayuno y transporte escolar, entre otros.
En el caso de las nueve gobernaciones, recibirán un adicional de Bs. 8,4 millones para mantenimiento de caminos (cerca del 90%), proyectos multisectoriales y otros.
En cuanto a 12 universidades públicas que también solicitaron la inscripción de recursos adicionales en el presupuesto, recibirán Bs. 209,6 millones para proyectos de construcción, mantenimiento y equipamiento de infraestructura, y prevención y atención del Covid-19 en el sistema de salud universitario.
Crédito del BCB
Por otro lado, la propuesta de Ley autoriza al Banco Central de Bolivia (BCB) otorgar un crédito extra al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por medio del Tesoro General del Estado (TGE), por un monto de hasta Bs. 3 mil millones para dar continuidad a las medidas de reconstrucción de la economía nacional.
“Estos recursos van a ser para mejorar la actividad productiva a través de fideicomisos. Concretamente, el plan es inyectar recursos al Banco de Desarrollo Productivo (BDP) para que pueda generar mayor crédito productivo, casi Bs. 1.500 millones. Los otros Bs. 1.500 millones será para seguir apoyando al FIREDIN (Fideicomisos para la Reactivación y Desarrollo de la Industria Nacional), al que ya hemos inyectado Bs. 1.132 millones”, detalló el titular de la cartera de Economía.
Montenegro descartó que el crédito se destine al pago de salarios. Al contrario, remarcó que el principal beneficiado será el sector privado nacional productivo que tendrá un empuje a través del BDP.
Ampliación de la Ley 1391
En su disposición adicional primera, el proyecto de Ley amplia la vigencia de la Ley de 1391 de incentivos tributarios a la importación y comercialización de bienes de capital, plantas industriales, vehículos de carga de alta capacidad en volumen y tonelaje, y maquinaria pesada.
“Lo que significa que, la exención y tasa cero en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) tendrá validez hasta el 29 de septiembre de 2023. Con ello estamos beneficiando al sector productivo sobre todo para mejorar la productividad y producción nacional”, apuntó el diputado Yujra.
