La misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) destacó la aprobación del Decreto Supremo 4793, que crea un espacio institucional para proteger a pueblos indígenas en situación de «alta vulnerabilidad».
“Celebramos la positiva decisión del Gobierno de aprobar el Decreto 4793, que crea un mecanismo de coordinación para la ‘Protección a Naciones y Pueblos Indígenas Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad’. Acompañamos activamente esta acción en favor de pueblos indígenas”, señala un tuit publicado por esa oficina internacional.
La norma fue puesta en vigor la pasada semana, por la cual se crea la Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios, en cumplimiento de la Ley 450.
En la oportunidad, el ministro de Justicia Iván Lima afirmó que el principal objetivo de la norma es “proteger a las 36 naciones que están en situación de alta vulnerabilidad”.
Al respecto, la autoridad citó dos casos en los que intervendrá esa Dirección. El primero tiene que ver con el municipio de Charagua, Santa Cruz, donde los habitantes de la comunidad de Tunitas están en situación de “explotación”.
El segundo caso está referido al pueblo Toromona, que fue “objeto de avistamiento” por parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
“Por eso hemos creado esta Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios (DIGEPIO)(…), para atender las quejas y los reclamos de todos los pueblos indígenas que están en situación de alta vulnerabilidad”, enfatizó Lima.
El decreto también establece la creación de un “nivel operativo”, que será ejecutado por el Comité de Protección a Pueblos Indígena Originarios en Situación de Vulnerabilidad (CPPIOSV), una entidad de coordinación y generación de políticas públicas para las naciones y pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad.
