El papa Francisco admitió que «hay diálogo» con Nicaragua al ser interrogado este jueves sobre la situación en ese país centroamericano, donde se encuentran detenidos varios miembros de la iglesia católica, entre ellos el obispo Rolando Álvarez.
«En Nicaragua las noticias son claras, hay diálogo, se ha hablado con el gobierno. Hay diálogo, pero esto no quiere decir que se apruebe o desapruebe todo lo que hace el gobierno», aseguró el pontífice durante la rueda de prensa en el vuelo de regreso a Roma de su viaje de tres días a Kazajistán.
«Se necesitan resolver problemas y en este momento hay problemas. Me gustaría al menos que las Hermanas de Calcuta puedan volver» a Nicaragua, añadió el papa argentino al referirse a las misioneras que fueron expulsadas en julio pasado de ese país centroamericano.
«Son mujeres y buenas revolucionarias. Pero revolucionarias del Evangelio. No están en guerra con nadie», añadió.
Le puede interesar también: Armar a Ucrania, ‘moralmente aceptable’ bajo condiciones, estima el papa.
Francisco explicó que «no detendrá jamás el diálogo» con el gobierno pese a que tildó de «grave desde el punto de vista diplomático» la expulsión en marzo pasado del nuncio apostólico, Waldemar Sommertag, quien había participado en 2019 en las negociaciones entre gobierno y oposición.
«Es difícil de entender las cosas que han ocurrido, también de ingerir», comentó el papa.
La retención del obispo Álvarez en agosto pasado incrementó las tensiones entre la iglesia y el gobierno de Daniel Ortega, un guerrillero de 76 años que se mantiene en el poder desde el 2007, amparado en tres reelecciones sucesivas.
El presidente acusa a varios obispos de «golpistas» por apoyar las protestas opositoras que pidieron su dimisión en 2018.
Las relaciones se han deteriorado también por el cierre de medios católicos, entre ellos el canal de la Conferencia Episcopal y por la decisión de retirar la personería jurídica a la Asociación Misioneras de la Caridad, de la orden de la madre Teresa de Calcuta.
Según un informe del gobierno de Nicaragua, las religiosas habrían incumplido varias obligaciones legales, violado la normativa contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, y no estaban acreditadas por el Ministerio de la Familia para dirigir sus actividades.
