La vicepresidenta argentina Cristina Fernández comenzó este lunes su alegato de defensa, mediante la intervención de sus abogados, en un juicio por presunta corrupción en el cual la Fiscalía pidió para ella una pena de 12 años de prisión y la inhabilitación política perpetua.
«Hubo indebida intromisión del poder político en el trámite de las actuaciones», sostuvo el abogado Carlos Beraldi en la audiencia realizada de forma remota y que se extendió por más de seis horas este lunes.
Fernádez, de 69 años, presidenta entre 2007 y 2015 y figura política de peso en el peronismo, está acusada de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada, por supuestamente haber orientado la atribución de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz (sur), su cuna política, para favorecer al empresario Lázaro Báez.
En su defensa, Beraldi sostuvo que «los auditores dijeron que no se evidencia deficiencias en los contratos y obras y determinaron que los desajustes de obras no se consideran relevantes».
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A lo largo del juicio en el cual están acusadas otras 12 personas, la defensa de la vicepresidenta recusó a los jueces y fiscales por considerar que son cercanos al expresidente liberal Mauricio Macri, pero esos recursos no prosperaron.
Al término de la audiencia de este lunes, Fernández comentó en Twitter que Beraldi «probó en forma documentada -como debe hacerse en cualquier juicio- que (los fiscales) Diego Luciani y Sergio Mola mintieron descaradamente. Él, por decoro profesional, lo llamó mala praxis».
Se estima que el veredicto, que puede ser apelado, se conocerá a fines de este año. Fernández goza de fueros parlamentarios que la eximen de ser detenida o de quedar inhabilitada hasta tanto la Corte Suprema no emita una sentencia firme en su contra.
Este martes habrá una segunda audiencia de alegatos de la defensa de Fernández y el viernes será la tercera y última, en la que se estima que podría intervenir la propia vicepresidenta, quien es abogada de profesión.
Fernández ha sido sobreseída en varias causas por presuntos delitos ocurridos cuando fue presidenta, pero aún enfrenta cinco procesos.
