La Unión Europea ha reconocido estar «consternada» por los informes sobre la muerte de al menos diez niños en Birmania después de que el lunes se registrase un bombardeo sobre una escuela situada en la región de Sagaing, en el norte del país.
Fuentes locales ya apuntaron que la junta militar que gobierna Birmania desde febrero de 2021 habría estado detrás del ataque. Ahora, la Unión Europea ha lanzado un comunicado en el que acusa a «helicópteros del Ejército».
«Emprender tal acción militar sobre un objetivo civil es contrario al Derecho Humanitario y debe investigarse a fondo. Debe haber responsabilidad por este crimen», ha señalado el Servicio Europeo de Acción Exterior.
Asimismo, desde la Unión Europea han incidido en que ni los niños ni las escuelas deben ser objetivo en un guerra, a la par que ha recordado que desde que los militares ascendieron al poder en Birmania, más de 380 niños han sido asesinados o mutilados.
La Unión Europea se ha hecho eco así de los datos aportados por el relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en el país asíatico, que apunta a que la gran mayoría de estas muertes y lesiones tendrían al Ejército de Birmania como principal responsable.
Finalmente, el departamento diplomático de la UE ha pedido «el cese inmediato de todos los ataques contra escuelas», así como de su uso con «fines militares». «Toda escuela debe ser un espacio protegido para que los niños y los estudiantes aprendan y alcancen su potencial, incluso durante los conflictos», ha zanjado.
Según las fuentes consultadas por el diario ‘The Irrawaddy’, crítico con la junta militar que gobierna el país, dos helicópteros del régimen atacaron el sábado un centro de educación religiosa en la localidad de Tabayin.
Los militares quemaron los cadáveres y los llevaron a más de diez kilómetros de distancia, supuestamente para ocultar las pruebas. Según ‘The Irrawaddy’, las autoridades justificaron el bombardeo de la escuela esgrimiendo que, en su interior, se ocultaban milicianos armados.
La junta mantiene una férrea represión de la disidencia en Birmania y, desde el golpe de Estado, se le considera responsable de unas 2.300 muertes, según la Asociación de Asistencia a Presos Políticos de Birmania (AAPP).
