Frente a una serie de rumores que comenzaron a correr en algunos sectores del país, como mineros y maestros, la Gestora Pública emitió este miércoles un comunicado en el que garantiza los aportes de los trabajadores para su jubilación.
Este mes se dio inicio al traspaso de la administración y de los recursos que manejan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a la nueva Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, este hecho generó una serie de rumores que tienen origen en algunos grupos cívicos y políticos de Santa Cruz.
Estos rumores, que ahora despertaron la preocupación de sectores como los mineros y los maestros, señalan que el ‘Gobierno echaría mano’ de los recursos que aportan los trabajadores para su jubilación a través de la Gestora.
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En este contexto, la Gestora, a través de un comunicado, aseguró que estos recursos serán invertidos exclusivamente en valores o instrumentos financieros de oferta pública, conforme manda el artículo 140 de la Ley de Pensiones y tal cual lo están haciendo hoy las AFP.
«Este hecho garantiza la transparencia en el manejo de los fondos, así también será de conocimiento público el destino y manejo de los recursos y su gestión a través de mercados que se encuentran regulados», señaló la entidad.
En el comunicado se explica también que los Fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP) se constituyen en patrimonios autónomos y diversos, que se manejan de forma independiente de los recursos propios de la Gestora.
Esta forma de accionar, garantiza que estos recursos tienen como destino la inversión y un manejo adecuado, y no se puede, bajo ninguna circunstancia, destinarse a gastos operativos o administrativos de la empresa pública.
Además, la Gestora es una entidad controlada y supervisada por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) que remite información periódica acerca de todos los movimientos financieros que realiza.
Otra opción de control y fiscalización se produce también a través de la Contraloría General del Estado (CGE) que, anualmente, debe publicar los estados financieros de la empresa y de los fondos bajo su administración.
Asimismo, estos estados financieros deben ser auditados por una empresa externa especialista que es contratada bajo licitación pública.
«Por lo expuesto precedentemente, los recursos de los bolivianos en los fondos del SIP, se encuentran garantizados debiendo los mismos ser invertidos en valores o instrumentos financieros con el objeto de generar rentabilidad a favor de todos los asegurados», afirma la empresa en su comunicado.
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En el documento se recuerda que las AFP, actualmente, cobran cuatro comisiones a los asegurados, jubilados, al fondo de riesgos y por la administración de los portafolios.
Esta figura cambiará cuando la Gestora entre en plena administración de los SIP, pues se reducirán las comisiones desde mayo de 2023, cobrando únicamente la comisión correspondiente a los asegurados.
No obstante, sectores como los mineros y los maestros se encuentran actualmente en estado de emergencia y hasta anunciaron medidas de presión, ante el ‘riesgo’ en el que se encontrarían sus aportes para la jubilación.
