Florida solicitó el miércoles a la Corte Suprema de Estados Unidos que decida si los estados tienen potestad de regular la forma en que las redes sociales moderan sus contenidos.
El estado republicano quiere que entre en vigor una ley destinada a evitar que las plataformas suspendan mensajes publicados por candidatos políticos.
Esto se aprobó como reacción al veto de Twitter y Facebook al expresidente Donald Trump.
Florida, al igual que otros estados conservadores, cree que las redes sociales «censuran» a los políticos de su campo.
El estado estima que moderar contenido político en línea viola la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la libertad de expresión.
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Pero la ley fue bloqueada por un juez en junio de 2021, una decisión ratificada en apelación en mayo.
«La Primera Enmienda no restringe los derechos de las entidades privadas que no ejercen funciones de servicio público tradicionales…», escribió el magistrado entonces.
Si la Corte Suprema, de mayoría conservadora, se niega a admitir el caso, se aplicará la última decisión y la ley seguirá bloqueada.
Si lo admite, podría zanjar el debate sobre la regulación de plataformas, que divide a los estadounidenses desde la presidencia de Trump.
La fiscal general de Florida, Ashley Moody, pregunta al máximo tribunal si la Primera Enmienda impide a los estados exigir a las redes sociales que mantengan ciertos mensajes publicados por terceros.
También pide aclarar si se les puede exigir que den explicaciones a los usuarios cuando se elimine el contenido.
Las consecuencias del pedido de Florida
Según un sector de la izquierda estadounidense, si la ley aprobada en Florida entrara en vigor, los mensajes de odio, desinformación y otros contenidos problemáticos inundarían las redes sociales.
Florida dice en su petición que «más de la mitad de los adultos estadounidenses leen las informaciones en las plataformas» y son muy utilizadas con fines políticos.
«Cuando aplican censura, las empresas del sector manipulan ‘un foro imprescindible de nuestro mercado de las ideas'», afirma Moody.
El poderoso grupo de derechos civiles pidió la destitución de Trump por su papel en el asalto al Capitolio por parte de sus simpatizantes el 6 de enero de 2021.
Ellos también se mostraron indignados por el poder unilateral sobre la libertad de expresión que ejercen Twitter, Facebook y otros.
