La Casa Blanca condenó el sábado «las consecuencias potencialmente catastróficas, peligrosas e inaceptables» de un fallo judicial en Arizona que reactivó una legislación del siglo XIX que prohíbe casi totalmente el aborto.
«Si se mantiene esta decisión, los proveedores de atención médica enfrentarán penas de prisión de hasta cinco años por cumplir con su deber; las sobrevivientes de violación e incesto se verán obligadas a dar a luz a los hijos de sus agresores; y las mujeres con afecciones médicas enfrentarán graves riesgos para la salud», dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en un comunicado.
La jueza del condado de Pima en Arizona, Kellie Johnson, dictó el viernes un fallo que causó revuelo en Estados Unidos, donde el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, siempre un tema políticamente candente, está en el centro de la campaña para las elecciones legislativas de noviembre.
El dictamen se produjo en el marco de un caso que buscaba una aclaración después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara en junio el derecho al aborto a nivel federal, dejando en manos de los estados la decisión sobre el asunto.
La prohibición de 1864 en Arizona, que permite la interrupción del embarazo solo cuando la vida de una mujer está en peligro, había sido bloqueada por orden judicial desde 1973, cuando la alta corte admitió por primera vez el derecho al aborto en el caso Roe vs. Wade.
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La jueza consideró que, tras la decisión de junio de la Corte Suprema, debía devolverse el derecho en la materia a lo que era antes de 1973.
El fallo del condado de Pima fue celebrado por el fiscal general de Arizona, el republicano Mark Brnovich.
«Aplaudimos a la corte por defender la voluntad de la legislatura y brindar claridad y uniformidad en este importante tema», dijo en un comunicado.
El fallo de Johnson se produjo un día antes de que entrara en vigor la prohibición de los abortos después de la semana 15 de embarazo, aprobada por la legislatura de Arizona.
Pero la decisión de Johnson provocó la indignación de los proveedores de servicios reproductivos.
El fallo «tiene el resultado práctico y deplorable de hacer retroceder a arizoniano casi 150 años», dijo Brittany Fonteno, presidenta de Planned Parenthood Arizona, en un comunicado. «Ninguna ley arcaica debería dictar nuestra libertad reproductiva».
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Varios estados estadounidenses han implementado prohibiciones de aborto total o parcial después de la decisión de la Corte Suprema.
El Partido Demócrata, encabezado por el presidente Joe Biden, espera movilizar a los votantes para defender el acceso al aborto en las urnas, durante las elecciones de mitad de mandato del 8 de noviembre, que renovarán parcialmente el Senado y renovarán por completo la Cámara de Representantes.
