Gustavo Petro asumió este domingo como primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, ante cientos de miles de personas que apoyaron su plan para transformar un país inequitativo y acosado por la crisis económica y la violencia del narcotráfico.
El exsenador y exguerrillero de 62 años fue investido por el jefe del Congreso, Roy Barreras, durante una ceremonia en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, a la que asisten nueve mandatarios y varias delegaciones internacionales.
«Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia», dijo el nuevo gobernante.
De traje azul y corbata negra, recibió la banda presidencial y tomó juramento a la ambientalista Francia Márquez como la primera vicepresidenta afro de Colombia.
Petro, que sucedió en el poder al impopular Iván Duque, gobernará por cuatro años un país de 50 millones de habitantes que por primera vez ingresó a la órbita de la izquierda en la región.
El que fuera el líder de la oposición en las últimas dos décadas inició su gobierno con una batería de reformas en mente y las expectativas a cuestas de la mitad del país que votó por él en el balotaje del 19 de junio.
Colombia se adentra así en un período de cambios, con un izquierdista al mando, un Congreso a su favor y una oposición debilitada tras el declive del exmandatario Álvaro Uribe (2002-2010), el jefe de la derecha.
Petro parte de una «posición envidiable, con una mayoría amplia en el Congreso y, en términos de la calle, cuenta con un apoyo que no tuvo antes ningún gobierno en los últimos años», señaló a la AFP el analista Jorge Restrepo, del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac).
Primeros cambios
Petro armó un gabinete de diversas tendencias, con las mujeres al frente de varias carteras y la misión de sacar adelante reformas que comenzarán su curso legislativo el lunes.
Entre ellas está el proyecto que elevará los impuestos a los más ricos, afinará el recaudo y grabará las bebidas azucaradas, en busca de recursos para planes sociales.
«El nivel de endeudamiento y de déficit fiscal que encontramos para el próximo cuatrienio es crítico», aseguró Daniel Rojas, uno de los coordinadores de la comisión de empalme con el gobierno de Duque.
Aun así, Petro se ha propuesto recortar la brecha entre ricos y pobres, una de las más amplias del continente junto a la de Brasil, con mayor acceso al crédito, subsidios y la educación pública.
Después de los estragos de la pandemia, la economía recupera su crecimiento, aunque la inflación, que alcanzó en julio el 10,2% en la variación interanual, el desempleo (11,7%) y la pobreza que castiga al 39% de la población nublan el panorama.
«La gente espera que se den de manera temprana algunos de los cambios que se prometieron en campaña, lo que sumado a la situación económica (…) genera un ambiente de tensión», apuntó Patricia Muñoz, politóloga de la Universidad Javeriana.
En el frente internacional, Petro reactivará las relaciones diplomáticas y comerciales con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, rotas desde 2019, y buscará apoyo y sede para retomar conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla reconocida en el país.
Diálogos de vuelta
Si bien el acuerdo de paz con las FARC, la otrora organización armada de ultraizquierda, mermó la violencia, Colombia todavía no logra extinguir el último conflicto armado interno del continente.
Además del ELN, poderosas bandas del narco como el Clan del Golfo, que encabezaba el capo Otoniel, extraditado este año a Estados Unidos, imponen su ley en varias zonas del país.
Las disidencias que se marginaron del pacto de paz también desafían al Estado gracias a los recursos de la minería ilegal y principalmente del narcotráfico.
Petro recibe además un país con la mayor producción mundial de cocaína, ante lo cual ha propuesto replantear la fallida política de prohibición de las drogas en conjunto con Estados Unidos, el principal consumidor del derivado de la hoja de coca.
Junto con la invitación al diálogo al ELN, Petro propondrá a los grupos armados someterse a cambio de beneficios penales, al tiempo que reformará o disolverá la fuerza policial antidisturbios, implicada en violaciones de derechos humanos durante la represión de las masivas protestas de los últimos años.
«Vamos a ver un cambio lento en las fuerzas militares, (…) pero creo que podemos descartar algún tipo de malestar público, insurrección, huelga de brazos caídos o baja de la actividad operacional», dijo Jorge Restrepo.
