Cada vez hay más pruebas de que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en Birmania desde el golpe de Estado del año pasado, afirmaron este martes investigadores de la ONU.
En su informe anual, el Mecanismo de Investigación Independiente de las Naciones Unidas para Birmania subrayó que «numerosos elementos indican que desde la toma del poder por los militares en febrero de 2021, han sido cometidos crímenes» graves.
Son «crímenes a una escala y de una forma que constituyen un ataque generalizado y sistemático contra la población civil», afirmó este organismo en un comunicado, que señala asesinatos, deportaciones, violaciones y persecuciones, entre otros delitos considerados crímenes contra la humanidad.
Este mecanismo de investigación — creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2018 — busca reunir pruebas de los crímenes más graves para posibles procesos penales.
Sin un permiso de las autoridades birmanas para visitar el territorio, se basa en cientos de testimonios, documentos gráficos y otras fuentes.
«Los crímenes contra las mujeres y los niños se encuentran entre los más graves crímenes internacionales, pero también son históricamente poco denunciados e investigados», dijo Nicholas Koumjian, jefe del mecanismo de investigación.
«Los autores de estos crímenes deben saber que no pueden seguir actuando con impunidad. Recopilamos y preservamos las pruebas para que algún día rindan cuentas», subrayó.
Datos
Según la información de que disponen los investigadores de la ONU, «miembros de las fuerzas de seguridad y grupos armados han cometido delitos sexuales y de género, incluidas violaciones y otras formas de violencia sexual, así como delitos contra niños», que también fueron enrolados, detenidos arbitrariamente y torturados.
En enero, Koumjian estimó que más de 1.000 personas podrían haber muerto en circunstancias calificables como crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.
En su informe, el mecanismo de investigación también recuerda a los rohinyás. Unos 850.000 miembros de esta minoría musulmana viven en campamentos improvisados en Bangladés, después de huir de una sangrienta represión militar en 2017 en Birmania, un país de mayoría budista.
Desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021 que derrocó a la dirigente Aung San Suu Kyi, la junta militar gobernante lleva a cabo una feroz represión contra sus opositores que ha dejado más de 2.100 civiles muertos y cerca de 15.000 detenidos, según una oenegé local.
El 22 de julio, la Corte Internacional de Justicia se declaró competente para juzgar acusaciones de genocidio contra Birmania.
(09/08/2022)
