La presidenta de la Asociación de Familiares y Detenidos y Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), Ruth Llanos, afirmó este miércoles que el acuerdo entre el Gobierno y las víctimas de las dictaduras, no contempla a los desaparecidos en ese periodo y pide “la creación de una instancia” que categorice la “ausencia por desaparición forzada”.
“A la mayor parte de nuestros familiares les exigían tener una declaratoria por muerte presunta, que lleva, en promedio, de tres años a cinco (años de trámite), y para hacer eso, hay que tener un certificado de defunción, pero nuestros familiares son víctimas de desaparición forzada. No hay un resto, un notario o un médico que pueda hacer ese certificado”, dijo Llanos en una entrevista con el programa Piedra, papel y tinta, de La Razón.
El domingo 21 de agosto, el Gobierno y 1.174 familiares y víctimas de dictaduras militares entre 1964 y 1982 firmaron un acuerdo nacional para una reparación integral, después de 10 años, cuatro meses y 20 días de haberse instalado carpas en El Prado, desde donde se exigía “justicia” para ese sector.
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Pero la activista aseguró que ese acuerdo “no resuelve el tema de los familiares de desaparecidos y tampoco el de muchos familiares que son víctimas de ejecuciones sumarias”.
Asimismo, explicó que el Comité contra la Desaparición Forzada, (CED por sus siglas en inglés), es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y que Bolivia forma parte de esa instancia.
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Según relató Llanos, en 2019, ese comité realizó 46 recomendaciones al Estado boliviano; “de esas recomendaciones estamos sacando tres puntos. El primer es que en Bolivia se implemente una entidad que busque a los desaparecidos, (porque) no se hace las investigaciones, ni las identificaciones y no encuentran los restos. ¿Hasta cuándo vamos a esperar?”.
En segundo lugar, “que no hay el acceso a la verdad ni a las reparación y no hay ninguna remuneración”.
Finalmente, pidieron a la diputada Betty Yañíquez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos “la declaración de ausencia por desaparición forzada, debido a que no puedes obligar a los familiares a sacar un certificado de defunción porque no hay un cuerpo, no hay un resto”.
Vea la entrevista completa:
