El gobierno de México ofreció disculpas públicas este miércoles a familiares de los 52 muertos y al menos 11 heridos que dejó el atentado, en agosto de 2011, a un casino en la norteña ciudad de Monterrey.
«Queremos ofrecer una disculpa honesta y sincera, sin dobleces y sin ningún tipo de ambigüedades, porque tenemos que reconocer que en este acto de terror y barbarie se cometieron violaciones graves a los derechos humanos», dijo Alejandro Encinas, subscretario de Gobernación, en una ceremonia pública.
El atentado del Casino Royale fue perpetrado el 25 de agosto de 2011 por una treintena de sicarios del entonces sanguinario cártel de Los Zetas -hoy fragmentado y casi inactivo-, quienes rociaron con gasolina la entrada y le prendieron fuego para presionar al dueño, que rechazó pagar una cuota extorsiva.
Al interior del local se hallaban unas 300 personas, muchas de las cuales tuvieron que escapar del fuego haciendo boquetes en las paredes, en medio del terror generalizado.
Encinas reconoció que el atentado estuvo dirigido hacia «población civil indefensa» y que «el Estado mexicano en su conjunto no fue capaz de garantizar las condiciones de seguridad, integridad y protección» que le correspondían.
Admitió además que el despacho de Gobernación, así como la autoridad de juegos y sorteos, fallaron en el control, la vigilancia e inspección del permiso que amparaba el funcionamiento del casino y que influyeron en la magnitud de la tragedia.
«Ofrecemos esta sincera disculpa pública en la idea de reivindicar la memoria de las víctimas, el derecho a la verdad y la justicia y a reparar de manera integral el daño para que con estas acciones nunca más se vuelvan a repetir estos hechos», añadió Encinas.
Samara Pérez, sobreviviente del atentado y madre de uno de los fallecidos, consideró que las disculpas suponen un hito para la sociedad del estado de Nuevo León, donde se localiza Monterrey, pero recordó que algunos de los responsables no han sido sentenciados o cuentan con amparos judiciales.
México está envuelto desde 2006 en una espiral de violencia ligada al crimen organizado, que según cifras oficiales ha dejado unos 340.000 muertos.
