El diputado de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas afirmó este miércoles que existe una «injerencia política» que ejerce el Gobierno en el juicio contra miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) por daños al patrimonio del Estado.
“Hay una injerencia del Ejecutivo (…). No debemos politizar la justicia. Si queremos llegar a la verdad, hay que trabajar de manera transparente”, dijo el legislador opositor en una entrevista con el programa Piedra, papel y tinta, de La Razón.
La Fiscalía investiga a seis miembros de esa organización por causar destrozos en su protesta contra el fiscal general, Juan Lanchipa, en Sucre, donde dañaron edificios patrimoniales, como el que ocupa la Fiscalía General del Estado (FGE), en octubre de 2020.
Aclaró que “no están siendo juzgados por los hechos en Cochabamba”, cuando lideraron movilizaciones durante los conflictos poselectorales de 2019, “sino por pintar la (pared de la) Fiscalía General del Estado».
“Muchas personas terminaríamos con problemas con la justicia, porque ese es un hecho que se hizo (muchas veces) por jóvenes y activistas”, dijo.
Por su parte, su colega oficialista Jerjes Mercado (MAS) afirmó que “tiene que haber justicia” y pidió a las autoridades judiciales que apliquen “la pena máxima”.
“Tiene que haber paz social, pero no puede haber impunidad, tiene que haber justicia; por lo tanto, insto a los operadores de justicia (a que) apliquen las penas máximas, siempre apegados al debido proceso, la CPE (Constitución Política del Estado) y las leyes», dijo el diputado de la bancada del MAS en la misma entrevista.
Una vez más cuestionó que los miembros de la oposición “salgan a defender a este grupo paramilitar y criminal, porque fueron sus socios durante la manipulación que hicieron a la ciudadanía en 2019”.
“Nadie tiene que escudarse en una lucha cívica para incurrir en delitos penales y me parece correcto que la fiscalía determine la acusación formal a las partes”, cuestionó.
El martes, el Ministerio Público amplió la acusación formal en contra de dos presuntos cómplices de los destrozos ocasionados por la RJC al edificio de la FGE en la ciudad de Sucre, informó Javier Gorena, fiscal especializado anticorrupción de Chuquisaca y pidió la pena máxima de 20 años para los líderes de esa organización.
