“Esperamos una respuesta equivalente a la gravedad de los hechos en su momento”, afirmó este jueves el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, respecto al juicio por el caso Golpe de Estado II contra la expresidenta Jeanine Áñez y que está en puertas de una posible sentencia condenatoria.
Durante una entrevista con La Razón Radio, explicó que el “juicio es una primera respuesta internacional del sistema de Justicia de Bolivia sobre los muy graves atentados contra la democracia” que se suscitaron en la crisis postelectoral de 2019.
El lunes empezó la presentación de alegatos finales en la audiencia semipresencial contra Áñez y otros exjefes militares y un excomandante de la Policía. La Fiscalía, Ministerio Público, Procuraduría General del Estado y la representante legal del titular de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, solicitaron al Tribunal 15 años de prisión para los acusados.
“Pedimos sentencia absolutoria”, afirmó ayer Norka Cuéllar, abogada de la expresidenta antes de que se declare otro cuarto intermedio en el juicio por el caso Golpe de Estado II. El juicio oral empezó la primera semana de abril; hoy se reanuda con la defensa de los militares y, tras la réplica del Ministerio Público, se prevé que el Tribunal visite a Áñez en la cárcel de Miraflores.
La expresidenta asumió la Presidencia del Senado, según la denuncia fiscal, sin cumplir con los preceptos constitucionales y el reglamento de la Cámara de Senadores. Una vez como presidenta del Senado “se autoproclamó” Jefa de Estado de Bolivia. Se la acusa por los delitos de incumplimiento de deber y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
“Lo que ha hecho Jeanine Áñez es cumplir con la obligación que tenía como vicepresidenta del Senado”, afirmó el abogado de la exmandataria, Luis Guillén. Y explicó que los delitos por los que se procesa a Áñez tienen 10 y cuatro años como sanción y que no se puede hacer la sumatoria de penas, por tanto, no corresponde 15 años de cárcel “por una presunta contravención”.
Abrão sostuvo que calificar como “perseguida política” a la expresidenta es “intentar contaminar” el proceso judicial. “Desde afuera hemos observado que Áñez se robó la soberanía popular, ella desconoció los derechos políticos de los mandatarios”, afirmó el exsecretario de la CIDH.
“Ella no realizó todo eso sola, estuvo acompañada de actores políticos que ayudaron en los actos sucesivos, hubo una ruptura constitucional”, insistió Abrão en relación al expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, y al excívico cruceño y jefe de Creemos, Luis Fernando Camacho.
El experto insistió: “Los responsables intelectuales y materiales de los hechos causados con muertes, masacres, ejecuciones sumarias, discriminación deben responder por sus actos ante la Justicia”.
