El caso de un niño de 11 años de edad, víctima de abuso sexual sistemático durante años y que se debate entre la vida y la muerte, debido a que uno de sus violadores lo infectó con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH/sida), es muestra de una serie de abusos cotidianos que se infligen a las víctimas, y su efecto es más que la tragedia de ese menor de edad y sus familiares.
Durante años, cuatro hermanos violaron a un niño, vecino suyo, y lograron mantenerlo callado amedrentándolo, literalmente, a punta de pistola, hasta que una grave enfermedad lo llevó al hospital donde se le diagnosticó el VIH/sida; fue meses después que el chico contó la verdad a su hermano. Hoy está nuevamente hospitalizado, en una sala de terapia intensiva.
De los violadores se sabe que son cuatro hermanos, dos menores de edad y dos con más de 20 años; también, que uno de ellos ha muerto, otro está prófugo, un tercero fue enviado a un centro de rehabilitación y el cuarto estuvo a punto de ser linchado días atrás en Yapacaní, motivo por el cual la noticia se conoció en todo el país y es motivo de un debate epidérmico entre la indignación y el reclamo.
La denuncia se hizo en octubre de 2021, reconoció el Director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) en Santa Cruz; “es difícil hacerle una valoración psicológica para poder identificar a sus agresores”, dijo, tratando de justificar la indiferencia ante un caso de tal gravedad. La Defensora del Pueblo interina denunció que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) tardó ocho meses en atender el caso. La respuesta del IDIF se limitó a descalificar a la autoridad nacional de Derechos Humanos.
Tampoco la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní ni la Justicia actuaron con celeridad. “En abril de 2022, el Ministerio Público emitió una resolución de rechazo porque no se identificó a los agresores, ¿qué esperaban?, ¿que el menor relate sin asistencia psicológica todo el calvario que vivió?, no se hicieron las debidas diligencias”, afirmó la Defensora del Pueblo interina.
El caso del niño de Yapacaní está lejos de ser único o extraordinario. El Ministerio Público informó días atrás que los casos de violación a niños, niñas y adolescentes se incrementaron en 41% en comparación con 2021: subieron de 778 a 1.098 solo entre enero e inicios de junio de ambas gestiones. El promedio es de seis violaciones denunciadas cada día; cabe preguntarse por el número de casos que no son conocidos.
Se trata, pues, de una tragedia cotidiana que se agrava al constatar, una vez más, que la mayoría de las agresiones ocurren en el entorno inmediato, como indica el informe de la Fiscalía. La sociedad toda resulta severamente dañada, pues esas niñas y niños se convierten en adultos con un trauma profundo que les recuerda que ni la familia ni el Estado los protegieron, y con frecuencia terminan reproduciendo la violencia en diversas formas.
