La justicia argentina ordenó este lunes la distribución oficial a comedores comunitarios de toneladas de alimentos acopiados en depósitos del ministerio de Capital Humano, pero el gobierno de Javier Milei anunció que apelará la medida porque se trata de reservas «para catástrofes».
El juez federal Sebastián Casanello ordenó al ministerio que en un plazo de 72 horas entregue un detalle de los alimentos retenidos y proceda «de inmediato» a su distribución.
El magistrado apoyó su fallo en las estadísticas que sitúan a más de la mitad de la población en la pobreza.
«De cara a ese colectivo que sufre de modo acuciante inseguridad alimentaria y sobre quien pesa el costo de la parálisis denunciada, aparece la necesidad de la adopción urgente de una acción positiva», sostuvo.
La decisión se enmarca en una causa judicial iniciada en febrero por organizaciones sociales, críticas al gobierno, tras la interrupción en la provisión de alimentos a sus comedores comunitarios en diciembre pasado cuando el ministerio inició una auditoría.
Según la orden judicial citada por la prensa local, el juez ordenó al gobierno que establezca «un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato».
La Iglesia católica, a través del Episcopado, había exhortado el domingo al gobierno a que entregue los alimentos en cuestión; unos cinco millones de kilos de comida.
Leer también: Milei viaja a EEUU en busca de inversiones para Argentina
Comedores comunitarios
«Nos hemos enterado que existen dos depósitos de alimentos en el ministerio de Desarrollo Social (actual ministerio de Capital Humano) que tienen cinco millones de kilos de alimentos guardados (…), en un tiempo de emergencia alimentaria esto debe llamarnos a la reflexión, rápidamente tienen que ser entregados», había dicho el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea, en un video difundido por el Episcopado.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este lunes en conferencia de prensa que el gobierno «apelará» la orden judicial. «Es una cuestión de política pública», adujo.
Consultado sobre las razones por las cuales el gobierno acopia esos alimentos, Adorni indicó que se trata «de reservas preventivas para emergencias o catástrofes». Aseguró que «no hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura».
«Por un carril van los alimentos que terminan en los comedores y otros aquellos con destino para otro fin», afirmó sin dar mayores precisiones.
Según dijo el jefe de gabinete, Nicolás Posse, en una exposición ante el Congreso, los resultados de la auditoría revelaron que «casi el 50% de los comedores no existían».
De acuerdo a las organizaciones, hay unos 45.000 comedores comunitarios en todo el país. Pero una cantidad no precisada dejó de funcionar al interrumpirse la provisión que recibían del Estado, mientras otros funcionan gracias a donaciones privadas.
