Cuando Megumi Ota necesitó la píldora anticonceptiva del día después, no pudo conseguir una prescripción a tiempo en virtud de una política que muchas activistas consideran un intento de «controlar» los derechos reproductivos de las mujeres en Japón.
«Quería tomarla, pero no pude hacerlo durante el fin de semana» porque la mayoría de consultas médicas están cerradas, explica a AFP.
Incapaz de conseguir una cita en las 72 horas siguientes a la relación sexual, cuando el método anticonceptivo de emergencia es el más eficaz, «tuve que entregarme a la suerte y quedé embarazada».
En Japón, esta píldora no puede comprarse sin el permiso de un médico, cuesta hasta 150 dólares y es el único medicamento que debe tomarse ante un farmacéutico para evitar el mercado negro.
Un panel gubernamental de expertos se formó en octubre de 2021 para estudiar la posibilidad de la venta libre de este método de contracepción en Japón, como ocurre en Norteamérica, la mayoría de países de la Unión Europea y algunos países de Asia.
Pero algunos ginecólogos expresan reservas, temiendo que esto pueda favorecer la propagación de enfermedades de transmisión sexual e incentive las relaciones sexuales ocasionales y sin protección.
Megumi Ota decidió interrumpir su embarazo después de que su compañero, que se negaba a usar preservativos, reaccionara con frialdad a la noticia.
«Me sentí impotente», explica esta mujer de 43 años, que tenía 36 en esa época y actualmente dirige un grupo de respaldo a víctimas de traumas sexuales.
«Tendencia paternalista»
Japón dispone de unos servicios médicos de gran calidad, pero está clasificado en el lugar 120 de 156 países en el informe de 2021 del Foro Económico Mundial sobre igualdad entre hombres y mujeres.
«En el sistema japonés, hay una percepción de que las mujeres pueden abusar» de sus derechos reproductivos, dice Asuka Someya, una defensora de estos derechos de 36 años.
«Hay una fuerte tendencia paternalista en el mundo médico. Quieren mantener a las mujeres bajo su control», añade.
Se estima que cada año hay 610.000 embarazos no planificados en Japón, según una investigación realizada en 2019 por el grupo farmacéutico alemán Bayer y la Universidad de Tokio.
El aborto, legal en Japón desde 1948, es posible hasta las 22 semanas, pero el consentimiento de la pareja es necesario, con raras excepciones, y el procedimiento quirúrgico es actualmente la única opción autorizada en el archipiélago.
Una compañía farmacéutica británica, Linepharma presentó el año pasado una solicitud en Japón para autorizar el uso de su píldora abortiva al comienzo del embarazo, pero la cuestión sigue en estudio.
La interrupción del embarazo no está cubierta por el seguro médico y la operación puede costar entre 100.000 y 200.000 yenes (750-1.500 dólares), incluso más en los abortos tardíos.
Asuka Someya, que tuvo un aborto cuando era estudiante, admite que estaba «aterrorizada» cuando le informaron del riesgo de quedarse estéril por el aborto. «Entonces pensaba que eso sería mi culpa», explicó.
