Entre enero y abril de este año, la cantidad de detenidos preventivos subió del 64% al 66% en el país; esta situación preocupa al Gobierno, pues detecta una “excesiva discrecionalidad” por parte del Órgano Judicial en la aplicación de esa medida legal.
El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, dijo a LA RAZÓN que estas cifras ameritan ser analizadas con los administradores de justicia para encontrar una solución.
“Hay preocupación, pues en el primer cuatrimestre hemos subido la población privada de libertad de 18.000 a 21.506, de acuerdo con el último reporte a abril (…). Hace más de una década teníamos el 85% de detenidos preventivos y paulatinamente se fue bajando al 64%, hasta hace unos cuatro meses y ahora estamos con el 66%. Hemos aumentado la tasa de detenidos preventivos”, explicó.
RÉGIMEN.
La autoridad precisó que Santa Cruz, La Paz y Cochabamba concentran el 70% de la población carcelaria y que el resto de los reclusos están repartidos en el resto de los departamentos.
Según el informe de la Dirección de Régimen Penitenciario, a abril, de los 21.506 privados de libertad en el país, solo 7.311 (34%) tienen sentencia ejecutoriada y 14.195 (66%), detención preventiva. (Revisar el cuadro adjunto)
“Estamos trabajando para solucionar esta situación, pues esto va acompañado de un trabajo con el Órgano Judicial para que las jornadas de descongestionamiento sean más fructíferas”, enfatizó.
Estos datos presentados por la Dirección General de Régimen Penitenciario se hacen públicos luego de que el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, presentara, a finales del mes pasado, un informe sobre el estado de la Justicia en Bolivia, un trabajo que realizó a pedido del Gobierno.
En el documento, García-Sayán hace conclusiones referidas a la injerencia política sobre la Justicia, lo que deriva en hechos de corrupción, además que contiene un acápite especial respecto al “abuso de la detención preventiva”.
“Las detenciones preventivas deben ser excepcionales (…). Corresponde al Estado asegurar el derecho de toda persona privada de libertad a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal”, señala parte del informe presentado.
Al respecto, Limpias afirmó que la excesiva cantidad de detenidos preventivos es una de las principales causas del hacinamiento en los 20 centros penitenciarios del área urbana en los nueve departamentos, en los que se registra una aglomeración que asciende al 188%. La situación es similar en los 26 centros penitenciarios provinciales, que antes se denominaban carceletas, en los que este indicador llega al 169%.
“En promedio, entre los centros urbanos y provinciales, en la actualidad se registra un 185% de hacinamiento”, detalló Limpias.
Complementó que esta situación debe ser analizada y resuelta de manera conjunta, para trabajar soluciones estructurales y logísticas, pues el tener esa cantidad de detenidos preventivos también afecta los planes de reinserción social que son impulsados en beneficio de los reclusos.
Cárceles deben ser centros productivos
El Ministerio de Gobierno trabaja en un proyecto de ley para que todos los centros penitenciarios de Bolivia se conviertan en centros productivos, con la finalidad de que los privados de libertad generen sus propios ingresos, en coordinación y con respaldo del Gobierno.
“A la fecha, de los 21.506 privados de libertad, unos 11.000 ya estarían participando en actividades productivas y esta labor será reforzada con ese proyecto, para que ellos generen sus propios ingresos”, explicó el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.
OCUPACIÓN.
Dijo que pese a los altos porcentajes de hacinamiento y de detenidos preventivos, dentro de los recintos una gran parte de los privados de libertad se dedican a la confección, a labores artesanales, a la elaboración de pan, entre otros.
Complementó que, por ejemplo, en San Pedro de La Paz se inauguró recién una panadería con la capacidad de producir 5.000 panes diarios, para comercializarlos al interior y fuera del reclusorio.
Asimismo, recordó que el ministro Eduardo del Castillo entregó maquinaria al taller de carpintería para potenciar la producción de artesanías y otros objetos que luego son vendidos fuera del penal.
Limpias ponderó además el apoyo que brindan las principales ferias del país, como Fexpocruz (Santa Cruz), Fipaz (La Paz) y Feicobol (Cochabamba), donde se exponen los productos hechos por los reclusos.
