El ministro de Justicia, Iván Lima, consideró este lunes que fueron tergiversadas las declaraciones del expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, sobre un nuevo juicio ordinario en contra de la expresidenta Jeanine Áñez, esta vez por “genocidio y delitos de lesa humanidad” cometidos en la crisis de 2019.
«Lamento de verdad que grupos empresariales de comunicación tergiversen las declaraciones del expresidente Evo Morales que no tienen nada que ver con el caso Golpe II y sí con algo que es una deuda con el país, el pedido de memoria, verdad y justicia para más de 36 muertos”, dijo Lima, según una nota informativa de su ministerio.
“¿Es normal que en un país un gabinete y una exsenadora que asume la presidencia declaren que las Fuerzas Armadas pueden salir impunemente a matar bolivianos? Ésa es la pregunta que estaba analizando Evo Morales; dejen de mentirle al país, dejen de distorsionar”, continuó la autoridad gubernamental.
El domingo, en su programa dominical, el expresidente Morales afirmó que tras la sentencia de 10 años de prisión, dictada en un juicio ordinario en contra de Áñez por su proclamación en 2019, vendrán las apelaciones, pero que ese fallo “en el fondo dijo que hubo golpe de Estado” en Bolivia.
Entonces, “aquí terminó (el debate sobre) si hubo golpe o fraude, está definido (con la sentencia. Ahora) viene el próximo paso: qué va a ser del genocidio, qué va a ser de los delitos de lesa humanidad; solo quiero comentarles, en una reunión convocada por el hermano presidente Lucho Arce, (donde estaban también) el vicepresidente David Choquehuanca, Iván Lima, la ministra de la Presidencia (María Nela Prada), el Pacto de Unidad, (aunque) no todos, jefes de bancada de senadores y diputados, y presidentes de las cámaras, casi coincidimos que debe ser juicio ordinario y no juicio de responsabilidades”, afirmó Morales.
Pues, el exmandatario, consideró que después del fallo emitido el 10 de junio en contra de Áñez por el caso Golpe de Estado II “ya no hay debate sobre el juicio de responsabilidades” porque, según insistió, esa sentencia estableció que sí “hubo golpe de Estado” en el país. Por tanto, “corresponde un proceso penal vía juicio ordinario”, reiteró.
El 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Morales renunció a su cargo en medio de protestas cívicas que denunciaban un “fraude” electoral, un motín policial y hasta una “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que dimitiera.
Dos días después, la entonces segunda vicepresidenta del Senado asumió la presidencia de dicho órgano camaral y luego la jefatura del Estado en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin quorum ni asistencia de la bancada mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Luego, el gobierno de Áñez, en su intento de “pacificar” el país, que estaba en caos, sacó a las Fuerzas Armadas y a la Policía, que terminaron en masacres, como las registradas en Sacaba y Senkata. Fueron desplegados al amparo del Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidades penales en las acciones.
