La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd) afirmó este lunes que la sentencia emitida por el Tribunal Primero de Sentencia Penal Anticorrupción de La Paz contra la expresidenta Jeanine Áñez, por el caso Golpe de Estado II, es “un pequeño avance judicial” y espera que esa sanción “sea un precedente” para que políticos respeten los derechos humanos.
La noche del viernes, 10 de junio, dicho tribunal, por decisión unánime, condenó a Áñez por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes cometidos en su proclamación como mandataria en la crisis de 2019. También dictó sentencia contra ocho exjefes militares y policiales durante su gobierno.
“Esta sentencia a los principales acusados representa un pequeño avance judicial en contra de la impunidad en Bolivia. Cabe señalar que este juicio contó con la observación internacional de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (OACNUDH)”, publicó la organización en una nota de prensa.
Asimismo, aseguró que con esa medida condenatoria “se establece un precedente para sancionar la interrupción del orden democrático, el avasallamiento a la Constitución y a la institucionalidad basada en leyes, así como a la convivencia pacífica entre hermanos/as bolivianos/as (sic)”.
Asofamd cuestionó que “la impunidad hacia periodos dictatoriales ha sido una constante después de la recuperación de la democracia en 1982” y que, desde entonces, los gobiernos electos democráticamente “no han tenido la voluntad de elaborar políticas claras” para la reparación integral a víctimas de esos periodos.
Por lo expuesto, esa organización planteó a los tres órganos del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— “acelerar las investigaciones y el procesamiento de todos los autores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad en 2019”.
También, pidió dar cumplimiento a las recomendaciones de los distintos informes que documentaron las graves violaciones ocurridas entre 2019 y 2020, como el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el documento elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Bolivia).
