La expresidenta Jeanine Áñez “no se encontraba en la línea de sucesión constitucional” y tomó posesión de la oficina de la Presidencia de la Cámara de Senadores la mañana del 12 de noviembre de 2019, cuando no se había declarado presidenta de esa instancia legislativa, establece el fallo que la condenó a 10 años de cárcel por el caso Golpe de Estado II.
Justamente se la enjuició y sentenció por la forma cómo se hizo de la presidencia del Senado, que luego le permitió hacerse del poder, en ese noviembre de 2019, dos días después de la dimisión del expresidente Evo Morales, acorralado por protestas cívicas alentadas por denuncias de fraude electoral, un motín policial y la “sugerencia” militar de renuncia.
“Se ha llegado a establecer que la acusada no se encontraba en la línea de sucesión constitucional de reemplazo del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia”, se lee en la sentencia conocida en su integridad el miércoles, donde también se sostiene que se “auto-designó” como presidenta del Senado.
De acuerdo a las pesquisas, Áñez se hizo de la Presidencia del Senado en una sesión sin quórum y siendo de la oposición, lo que no está contemplado en el Reglamento de Debates, que reserva ese derecho solo a la mayoría, en ese caso el MAS. Tampoco, según el documento, verificó la dimisión de la entonces presidenta de los senadores Adriana Salvatierra o la situación en Diputados, donde estaba en ejercicio de la presidencia Susana Rivero.
“Sin encontrarse legalmente habilitada como Presidenta de la Cámara de Senadores, en fecha 12 de noviembre de 2019, a horas 08.30 AM tomó posesión de la oficina de la Presidencia de la Cámara de Senadores” e identificó a quienes deberían recibir la correspondencia.
Aunque ya un día antes, la noche del 11, hacía declaraciones como Presidenta del Senado. “En un medio televisivo Unitel emite una convocatoria a las FFAA, responsabilizando a ese institución de lo que suceda en el país, y la realiza en su calidad de Presidenta del Senado”, incumpliendo, según la sentencia, preceptos constitucionales que solo asignan al Presidente del Estado dar órdenes a la institución armada.
También ya firmaba documentos. A través de una nota dirigida al excomandante de las FFAA Williams Kaliman “instruyó de forma ilegal al general Williams Kaliman Romero el resguardo de los alrededores de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.
Áñez fue sentenciada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las layes, al igual que la cúpula de las Fuerzas Armadas, entre ellos Kaliman y de la Policía Yuri Calderón.
Una reunión de cívicos y políticos de oposición en la Universidad Católica Boliviana (UCB) determinó el curso de la sucesión. De hecho desde la sala de esa reunión se habría llamado a Áñez para ofreceré la Presidencia de Bolivia.
La defensa de la sentencia anunció apelaciones e incluso acudir a instancias internacionales.
