En medio de protestas de la oposición, la mayoría del MAS aprobó en la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional el Reglamento y Convocatoria para la Selección y Designación del nuevo Contralor del Estado. En el reglamento se incorporó que a dos votaciones fallidas, la lista de los postulantes se reducirá a los tres primeros mejor calificados.
El vicepresidente David Choquehuanca presidió la sesión de este miércoles. La oposición pidió que el tratamiento del reglamento sea aplazado, lo que fue rechazado para iniciar el debate y aprobación del documento.
Por mayoría fue aprobado el Reglamento y Convocatoria para la Selección y Designación del nuevo Contralor del Estado. La gestión del contralor del Estado, Henry Ara, acaba este 1 de julio, por lo que se deberá elegir a su sucesor o abrir un nuevo interinato.
En el debate se modificó uno de los artículos del documento. La senadora del MAS Eva Luz Humerez explicó que “después de dos veces de votación se pueda reducir la lista a los primeros tres con mejor calificación”
“Creo que eso es lo más coherente, lo hemos puesto a consideración y se aprobó. Una vez se haya hecho la primera y segunda votación y no se llegue a acuerdos, se pueda tomar en cuenta en la siguiente votación a los primeros tres calificados”, detalló.
Este proceso contempla la convocatoria pública, la recepción de las postulaciones, la verificación de los requisitos, la publicación de los habilitados, la etapa de impugnaciones, la evaluación de méritos, las entrevistas personales, la aprobación del informe de la comisión y la votación y designación de la nueva autoridad por dos tercios de voto.
A pesar de ser mayoría, el MAS no cuenta con 2/3 (109) de votos en el Legislativo, por lo que requiere de la oposición para cumplir con ese requisito. Ese problema se manifestó en la frustrada elección del nuevo Defensor del Pueblo.
Los aspirantes al cargo deben contar con 30 años; título profesional en una rama afín al cargo (Ciencias Económicas, Financieras, Administrativas, Comerciales u otras del área); ocho años de experiencia profesional; dos años en cargos jerárquicos en el servicio público; otros dos como responsable del control administrativo en alguna entidad del sector público privado; además de probada integridad personal y ética determinada a través de la observación pública, según un boletín institucional.
Legisladores de oposición expresaron a gritos su rechazo a la aprobación del documento.
También establece requisitos como no haber sido dirigente de organizaciones políticas o candidato a cargos políticos en los últimos 10 años; tampoco haber ejercido la función pública como gobernador, alcalde, asambleísta departamental, concejal, ministro, viceministro o embajador, ni secretarios departamentales o municipales, en los últimos 10 años.
