Entre el 23 y 24 de junio de 1967, hace 55 años, ocurrió la Masacre de San Juan, en Catavi y Siglo XX. Si bien se habló de 20 muertos, indagaciones posteriores aseguran que fueron muchos más; sin embargo, hasta hoy no se sabe cuánto más.
Y es que no solo cuentan los cadáveres encontrados, sino también los varios desaparecidos, acaso cuerpos secuestrados.
“Si bien se habla de 20 muertos, el número es indeterminado, porque se tiene información de la época de que después del ataque a Catavi y Siglo XX habrían ingresado caimanes, donde cargaron supuestos muertos y heridos; no existe un dato preciso”, señala a LA RAZÓN el exdirector ejecutivo de la Comisión de la Verdad Fernando Rodríguez.
La Comisión de la Verdad estudió la represión militar de 1964 a 1982. El que hasta hoy no haya una cifra cierta de los muertos a bala o heridos, también se debe, explica Fernández, a que una parte de los mineros, muy relacionada con el área rural, trabajaba a destajo; los muertos conocidos eran los sindicalizados, “pero de los no sindicalizados no se tiene un dato preciso”, afirma.
Además, si hay algo que tomar en cuenta en esta masacre es que el ataque militar no fue selectivo, contra alguna fuerza civil, sino que “alcanzó al conjunto de la población que estaba presente; fue un asalto, en el estricto sentido de la palabra, contra una población que no tuvo posibilidad alguna de reaccionar”, detalla Fernández.
Aunque existen investigaciones sobre la trágica jornada, el paso del tiempo va sellando la incertidumbre del número de muertos, “las fuentes ya resultan muy complejas para poder alcanzar datos más aproximados”.
VIOLENCIA.
También hay que considerar la ferocidad del ataque por parte del gobierno del militar René Barrientos, pues una de las causas de la matanza fue que jornadas antes los mineros habían decidido dar una “mita” (un día de haber) en apoyo a la guerrilla de Ernesto Che Guevara en el oriente- sur del país. Un monto de dinero considerable, si se tiene en cuenta que la minería estatal de la época era sostenida por lo menos por 30.000 trabajadores.
Para echar olvido sobre las muertes también conspiró el ataque a las radios mineras, una verdadera experiencia de voz alternativa a los grandes medios.
“Es importante señalar que era un sistema de radios, no una o dos radios, que se interconectaban entre sí, y que era su mecanismo de comunicación, muy eficiente en la época”, remarca el investigador social.
Ahora, apunta Fernández, el hecho también hay que ubicarlo como parte de la expansión del gran capital privado, de su necesidad de socavar la base de la poderosa clase obrera, fundamentalmente minera de la época, de la gran arremetida “neoliberal”, de desnacionalización de lo hecho por la Revolución del 52, lo cual representaba el régimen de Barrientos Ortuño. Proceso que alcanzó su cúspide precisamente en la dictación del Decreto 21060,
Con Barrientos, además, remarca, empezó una arremetida radicalizada de los poderes económicos conservadores.
“El peligro de la Revolución cubana (1959), el desarrollo de guerrillas en varios países de América Latina y la propia guerrilla en Bolivia, había radicalizado la actitud de los sectores más conservadores en Bolivia ligados a la embajada americana, para destruir los avances producidos con la Revolución del 52, especialmente en el área minera”.
Necesidad económica, cuestión de clase: “El desarrollo del sindicalismo minero era sumamente cuestionado por los sectores conservadores de nuestro país, porque para esa época, una huelga minera realmente paralizaba al país; hablamos de más de 30.000 trabajadores que entraban en huelga a la vez”.
