El gobierno de Ecuador anunció la noche del miércoles que retomará negociaciones con manifestantes indígenas, mientras ordenó un nuevo estado de excepción más de dos semanas después de protestas casi diarias contra el alza de precios.
Las conversaciones, aún sin fecha ni lugar, estarán acompañadas por la Iglesia católica para intentar desactivar la crisis, que se inició el 13 de junio con el bloqueo de vías y violentos choques entre manifestantes y la fuerza pública, y dejan seis muertos y más de 600 heridos.
Para «devolver la tranquilidad al pueblo ecuatoriano, hemos decidido aceptar el proceso de mediación que ahora va a impulsar la Conferencia Episcopal Ecuatoriana», expresó el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, ante la prensa en la sede presidencial.
Agregó que la mediación de la Iglesia católica, planteada por los indígenas tras un primer fracaso de acuerdo, ayudará a «llegar a una solución definitiva de este conflicto».
Las negociaciones entre el Ejecutivo y la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), habían arrancado el lunes en Quito, pero un día después fueron suspendidas por el presidente derechista Guillermo Lasso.
Liderada por Leonidas Iza, la Conaie, que participó en revueltas que derrocaron a tres presidentes entre 1997 y 2005, demanda una reducción de hasta 21% en los precios de combustibles.
El mandatario, en el poder desde hace 13 meses, había decidido la suspensión después de un ataque atribuido a manifestantes contra militares y policías en la Amazonía, que dejó un agente muerto y 12 heridos, y afirmó que su gobierno no va a «negociar con quienes mantienen a Ecuador como rehén».
«Queremos resultados»
Pese al anunciado retorno de negociaciones, Lasso ordenó este miércoles el estado de excepción por 30 días en cuatro provincias, citando una «grave conmoción interna».
De las 24 provincias ecuatorianas, el gobernante decretó la medida para las andinas Azuay e Imbabura y las amazónicas Sucumbíos y Orellana, donde -estimó- está en riesgo la seguridad de los ciudadanos y la provisión de alimentos, medicamentos, oxígeno para uso hospitalario y combustibles.
Con esa medida -que no abarca Quito, donde la mayoría de unos 14.000 manifestantes están congregados-, el Ejecutivo podrá movilizar militares a las calles para restablecer el orden. También regirán toques de queda nocturnos de hasta 10 horas.
Por presión de los indígenas para abrir la posibilidad de un diálogo, Lasso había levantado el sábado el estado de excepción en Imbabura y otras cinco provincias, incluyendo Pichincha (cuya capital es Quito).
Durante la jornada, la decimoséptima de la protesta convocada por la Conaie por tiempo indefinido, grupos de indígenas marcharon y se apostaron de manera pacífica cerca de la sede presidencial en la capital para demandar la reanudación de negociaciones.
«No somos sordos. Estamos dispuestos a escuchar, pero no puede ser con una pistola en la sien», dijo Jiménez al canal Teleamazonas.
Unos 10.000 indígenas llegaron el pasado lunes a la ciudad para asentarse en universidades hasta que el Ejecutivo atienda sus demandas, entre ellas una moratoria de un año para los créditos de campesinos con la banca. Otros 4.000 manifestantes se movilizaban en el resto del país, según estimaciones oficiales.
Al grito de «No queremos diez centavos, queremos resultados», varios cientos de personas también se manifestaron por sus planteamientos en los alrededores del Palacio de Carondelet, que estaban bloqueados con vallas metálicas y alambres con cuchillas, además de policías.
Los manifestantes consideran insuficiente la decisión de Lasso de reducir en 10 centavos de dólar (hasta 5%) las cotizaciones de combustibles, que desde el martes cuestan 1,80 dólares el galón de diésel y 2,45 dólares el de gasolina corriente.
La Conaie mantiene su pedido de que baje a 1,50 el diésel (18%) y a 2,10 la gasolina (21%).
Producción en riesgo
El estallido social generó una moción en el Congreso para destituir a Lasso por «grave crisis política y conmoción interna» en el país, que fue debatida desde el sábado.
Pero el mandatario se salvó el martes, cuando la oposición, que está fragmentada pero hace mayoría en el Legislativo, no alcanzó los 92 votos necesarios para cesarlo.
Las protestas han afectado a más de 2.200 pozos petroleros en las Amazonía, lo que ha provocado una caída a menos de la mitad de la producción de crudo, principal rubro de exportación de Ecuador, desde los 520.000 barriles diarios previo a las manifestaciones.
La estatal Petroecuador activó este miércoles el mecanismo de «fuerza mayor» para una parte de sus compradores de crudo y evitar así castigos por incumplimientos en el despacho de los embarques. Las autoridades han alertado sobre el riesgo de que se paralice toda la producción.
