Las elecciones judiciales continúan en el limbo, pese a la vía libre que le dio el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el 23 de mayo. Ahora, el proceso está entrampado por la falta de acuerdos para seguir con el proceso de preselección de postulantes paralizado desde el 16 de abril.
Se preveía la continuidad del proceso en la fase de evaluación oral y escrita; sin embargo, las tensiones y desacuerdos persisten entre las bancadas fraccionadas de la Asamblea Legislativa, pero, sobre todo, de las dos facciones del Movimiento Al Socialismo (MAS).
La facción arcista propone la reanudación del proceso desde la fase de evaluación a través de una sesión de las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural. Mientras que, la facción evista y la oposición insisten en la convocatoria de una sesión del pleno de la Asamblea Legislativa, en la que se emita una ley de interpretación a la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, y, de ese modo, continuar con el proceso.
En entrevista con La Razón Radio, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, afirmó que “lo coherente y racional” era que el 24 de mayo se retome el trabajo de las comisiones mixtas.
“Han pasado seis días y recién hoy se ha convocado a sesión de las comisiones”, reclamó.
No obstante, admitió que, después de las disputas entre las facciones del MAS, hay pocas esperanzas de que se pueda encontrar una salida en la sesión de esta jornada que se llevará adelante a las 17.30.
“Ayer, Andrónico Rodríguez, (presidente de la Cámara de Senadores), indicó que se debe instalar una sesión en la Asamblea para tratar una ley corta o ley interpretativa”, recordó.
Explicó que, para ello, existen procedimientos a seguir. Primero se deberá tratar la ley entre la cámara de origen y la cámara revisora, posteriormente, recién se podrá aprobar en el pleno de la Asamblea. “Es la ruta larga”.
“Por eso, corresponde proseguir con el día 65, hasta llegar al día 80”, insistió en relación a la suspensión del proceso en el día 64.
Indicó que las actividades pendientes son la evaluación oral y escrita, elaboración del informe y remisión del informe final a la Asamblea con los nombres de los precandidatos seleccionados por el Órgano Legislativo. “Esto no es compartido por el evismo, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos”.
“Ellos van por la ruta difícil e insisten en instalar una sesión”, criticó.
Por su parte, el senador evista del MAS William Torrez aseguró que el reencauce de las judiciales debe pasar por la Asamblea Legislativa, que —según dijo— también debe abordar el tratamiento y aprobación de los proyectos de ley 073 y 075, sobre suspensión de plazos procesales y suspensión de mandato de magistrados prorrogados.
En su criterio, las comisiones mixtas han perdido todas las competencias para seguir con la preselección debido a que el plazo concluyó el 6 de mayo. “Es la propia Asamblea que tiene que hacer una interpretación, es decir, una ley interpretativa”.
Lamentó que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, presidida por Jáuregui, haya declarado los proyectos de ley en cuestión como inconstitucionales. No obstante, explicó que las comisiones no tienen esa competencia.
“Él (Jáuregui) desahució los documentos porque le dio la gana. Una comisión no tiene capacidad resolutiva. Una comisión lo que único que hace es opinar. Los informes de las comisiones tienen que ser remitidos al presidente de la Cámara, quienes deben de convocar a sesión para que tome una postura”, detalló.
Aclaró que son 130 diputados que deben definir si se aprueban o no los proyectos.
El 16 de abril, a solicitud de la abogada Margarita Medrano, que fue inhabilitada como postulante a las elecciones, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal de Justicia de Santa Cruz dispuso la suspensión de las tareas de las comisiones de Constitución y Justicia Plural.
El 30 de abril, a instancias de la abogada Yeny Dury, la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de Pando frenó el proceso y lo dejó en fojas cero. Sin embargo, el 23 de mayo, el TCP le dio luz verde al proceso, al revocar el fallo de esa sala constitucional.
