Roxana Zaconeta, directora general de Prevención y Eliminación de Toda Forma de Violencia en Razón de Género y Generacional, dependiente del Ministerio de Justicia, apeló este martes a la “conciencia colectiva” después de que los jueces mostraran su preocupación por el aumento de la pena de prevaricato en la nueva Ley 179 de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente.
“Yo considero que la tarea colectiva que debemos asumir como corresponsabilidad de todos va a ser una respuesta que esté ligada a nuestra conciencia, a nuestros principios y a nuestros valores, (aunque) me imagino (que los jueces) pueden tener elementos que seguramente van a ser fundamentados, pero el contexto internacional ha mostrado que en países donde se han aplicado este tipo de normas, que sí efectivamente son muy duras, (hubo) resultados (positivos)”, dijo Zaconeta en una entrevista con La Razón Radio.
El lunes, tras la promulgación de la nueva normativa, la presidenta de la Asociación de Magistrados de Bolivia, Grenny Bolling, informó que los jueces y magistrados se declararon en estado de emergencia.
Pero, tenemos “que empezar a tomar conciencia para desnaturalizar la violencia en nuestras vidas y en nuestros actos, y eso pasa no solo por la tarea que nos toca independientemente del lugar en el que estemos, sino también desde nuestras propias casas, desde nuestra forma de relacionarnos; entonces, obviamente creo que las personas, las organizaciones en el ámbito de la justicia, en ese marco de una conciencia colectiva ciudadana, van a tomar las acciones y tareas en el marco de la normativa”, insistió la funcionaria del Ministerio de Justicia.
En el acto de promulgación de la nueva norma, el ministro de Justicia, Iván Lima, confirmó que “a partir de esta ley, el juez que decida actuar en contra de la ley y de la Constitución va a merecer una pena de hasta 20 años de cárcel”.
“Estas son decisiones políticas que se están asumiendo para evitar que (…) la Justicia favorezca a quienes cometen estos delitos”, enfatizó el ministro.
Lima agregó que el delito de consorcio –que es cuando fiscales, jueces, policías y la administración judicial actúan en contra de las víctimas– también subió su pena de cinco a 10 años de privación de libertad.
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