ECONOMÍA
El Gobierno, a través del Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (FARIP), financió con Bs 872 millones a seis gobernaciones y 52 municipios. Los recursos garantizan la ejecución de 161 proyectos de desarrollo productivo y social.
El director general ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), entidad bajo tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), Edson Valda, informó que los financiamientos del FARIP están dirigidos a Entidades Territoriales Autónomas (ETA) que necesiten cumplir con el pago de sus contrapartes de proyectos que ejecutan de forma conjunta con el nivel central del Estado.
“Había proyectos paralizados y otros en riesgo de no realizarse, debido a que municipios y gobernaciones no contaban con recursos para sus contrapartes. En atención a este problema, en 2021, el presidente Luis Arce decide crear el FARIP, con un monto de 2.000 millones de bolivianos, para posibilitar la ejecución de obras en todo el país”, señaló.
Valda manifestó que estos recursos garantizarán la construcción de carreteras, caminos, puentes, sistemas de agua potable, alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas residuales, riego, microriego, riego tecnificado, presas y represas, colegios, hospitales, postas sanitarias e infraestructura deportiva, entre otros.
La autoridad destacó las condiciones en las que son otorgados los recursos, como la tasa de interés del 2% y el plazo de hasta 18 años para el pago del préstamo, que incluye dos años de gracia, en el que la ETA solo pagará el interés. “Son condiciones concesionales, que no representarán ningún tipo de presión financiera para los municipios, lo que garantizará que cumplan con la devolución de los recursos”, sostuvo.
Respecto a los desembolsos, el funcionario manifestó que hasta la fecha se ha logrado pagar más de Bs 187 millones, procesándose el 100% de las solicitudes realizadas por gobernaciones y municipios del país, que son los responsables de esta gestión.
También señaló que el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) priorizó financiamientos por otros Bs 833 millones para diferentes ETA y se está a la espera de la presentación de los tres requisitos necesarios para la aprobación de los financiamientos.
FINANCIAMIENTO.
Para el departamento de Santa Cruz los financiamientos aprobados alcanzan a Bs 395 millones, recursos para contrapartes de 22 proyectos ejecutados por siete municipios y la Gobernación de esa región.
En el caso de Beni se aprobaron financiamientos por Bs 129,4 millones para contrapartes de cuatro proyectos, tres a cargo del gobierno departamental y uno que corresponde al municipio de Riberalta.
La asistencia financiera para Chuquisaca alcanza a Bs 96,7 millones, para las contrapartes locales de 22 proyectos de nueve municipios de esa región.
Para Cochabamba los créditos aprobados a través del FARIP totalizan Bs 80,9 millones, recursos con los que la Gobernación y siete municipios cumplirán con el pago de las contrapartes de 25 proyectos.
Un total de 13 municipios de La Paz accedieron a recursos de este fideicomiso, por un total de Bs 73 millones para los aportes locales de 33 proyectos.
En lo que respecta a Pando, el FNDR aprobó financiamientos por Bs 47,3 millones para ocho proyectos ejecutados por la Gobernación y el municipio de San Lorenzo respectivamente.
Para Oruro se aprobaron créditos por Bs 22,5 millones para que la Gobernación y seis municipios garanticen las contrapartes de 17 proyectos.
En el caso de Tarija, los financiamientos totalizan Bs 20,3 millones, recursos que permitirán a la Gobernación y a tres municipios de este departamento puedan cumplir con el pago de aportes locales de 19 proyectos.
Finalmente, para Potosí se financió las contrapartes de 13 proyectos, por un total de Bs 6,5 millones que cinco municipios ejecutan de forma conjunta con el nivel central del Estado.
El fideicomiso FARIP financia las contrapartes de proyectos de inversión pública, que cuenten con financiamiento externo o interno, ejecutados por las ETA de forma conjunta con el nivel central del Estado.
Los recursos provienen del Tesoro General de la Nación y van dirigidos a los sectores de saneamiento básico, agropecuario, trasporte, recursos hídricos, energía e industria. Entre los beneficiarios están las gobernaciones, los municipios, los gobiernos autónomos regionales y los indígenas originarios campesinos.
