A 20 días del triple asesinato de dos sargentos y un voluntario de la Policía Boliviana, personal de la Fiscalía allanó ayer una segunda hacienda vinculada al principal sospechoso de la ejecución, Misael Nállar. Las Piedras es la propiedad identificada.
Está ubicada en el municipio El Puente, en la carretera entre Santa Cruz y Beni. La primera hacienda que allanó el Ministerio Público, el 23 de junio, fue La Bendita, en la provincia cruceña de Guarayos, donde se encontró espacios recreativos como piscina, cancha de fútbol, una laguna, varios animales salvajes, entre ellos tres pumas; además de una casa lujosa.
Policías de la Unidad Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) participaron en ambos operativos. De acuerdo con un reporte de la red Unitel, en la segunda hacienda se evidenció que hay cinco casas pequeñas; una sexta infraestructura de lujo de dos plantas, además de una antena satelital y un galpón con maquinaria pesada.
Nállar es investigado por asesinato, asociación delictuosa, portación ilícita de armas y legitimación de ganancias ilícitas. El fin de semana, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que también se lo indaga por narcotráfico.
Propiedades
El titular de esa cartera de Estado sostuvo que los bienes del acusado están valuados en aproximadamente $us 5 millones. Entre éstos figuran cuatro departamentos en Santa Cruz.
Detalló que tiene igualmente un galpón en la capital cruceña, una hacienda en Guarayos, cuatro vagonetas de alta gama, un taller mecánico en Santa Cruz, 22 “teryxs’, cuatro motocicletas, tres cuadratracks, 600 cabezas de ganado y 25 cabezas de caballo.
Los 22 “teryxs” fueron expuestos por las autoridades y según Del Castillo cada motorizado está valuado en al menos $us 160.000.
“Hemos encontrado bastante documentación de otras personas que supuestamente serían los testaferros del señor Nállar, como constancias de transferencias de Bs 100.000”, declaró el ministro.
En conferencia de prensa, el fiscal anticorrupción Alexander Mendoza indicó que “son bienes de dudosa procedencia” y que investigarán al entorno familiar y amistades cercanas de Nállar por posibles “palos blancos o testaferros”. “La finalidad es de que no pretendan hacer creer al Ministerio Público de que él no tiene nada a su nombre”, afirmó.
Precisó que está a cargo del delito de legitimación de ganancias ilícitas con afectación al Estado. “Estamos a tres semanas de la investigación, en la cual se tiene bienes considerados de valor”, dijo el fiscal, quien añadió que las pesquisas son preliminares y que hasta la fecha no se identificó el celular del principal acusado de la ejecución en la región de Porongo.
“Esta investigación continúa en curso, vamos a hacer todos los esfuerzos para que Nállar y cada una de las personas que hayan participado en la comisión de estos delitos obtengan la máxima sanción que es la pena de 30 años sin derecho a indulto”, dijo Del Castillo.
Semanas antes señaló que el principal acusado debía “demostrar cómo a su corta edad ha logrado obtener todo ese patrimonio”, esto con relación a los bienes e inmuebles, decenas de vehículos y hasta animales silvestres.
Sobre las pruebas que apuntan a Nállar, Del Castillo detalló que el 21 de junio, mientras dos sargentos y un voluntario de la Policía realizaban un operativo de rutina para evitar que un grupo de ciudadanos —en el que había extranjeros— consuma bebidas alcohólicas en un espacio público, hubo un conflicto. El hecho terminó con la ejecución con disparos a los uniformados, arrodillados y con las manos en el suelo.
Dos testigos identificaron a Nállar, quien está con detención preventiva en la cárcel paceña de Chonchocoro. Al igual que otro colombiano y un boliviano en las prisiones de El Abra y Palmasola.
Respecto a los detalles, de acuerdo a las investigaciones preliminares, hay tres momentos. Primero, el enfrentamiento entre la Policía y el grupo de Nállar, que tiró piedras a la camioneta policial porque se negó a dejar el lugar y sus miembros fueron gasificados.
Segundo, la balacera. Los denunciados persiguieron a los policías hasta hacerlos detener.
“El vehículo policial tiene dos orificios de bala”, relató el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, en una pasada entrevista y se halló los mismos proyectiles en la camioneta Toyota Rush “que manejaba Nállar” y, por ello, se lo acusa de participar y ser responsable del crimen.
El titular de Gobierno admitió que Nállar se entregó a la Policía, aunque dijo que fue porque “estaba acorralado”.
“El mayor Muñoz recibió una llamada de una tercera persona y dice que Nállar quería entregarse porque tenía miedo a que lo maten”, detalló Del Castillo. Relató que se lo citó en un lugar y en la requisa “solo tenía sus prendas de vestir” y ningún celular.
Respecto a los policías aprehendidos, hasta la fecha hay dos. “Se buscaba a ciudadanos colombianos y esos dos policías los dejaron pasar”, dijo el ministro. Contó que después del triple asesinato se notificó a toda la Policía, pero en la tranca en Montero había cuatro uniformados, dos dentro los retenes y otros dos afuera, quienes ahora son investigados por presunto encubrimiento.
Asimismo, el inspector general de la Policía, Augusto Russo, aclaró que el mayor Álvaro Muñoz y el capitán Rubén Aparicio, de la FELCN, no fueron suspendidos, sino puestos a disposición de la dirección de la unidad policial.
Ambos oficiales estuvieron involucrados en la aprehensión de Nállar. Además del remezón de la cúpula policial, continúan las evaluaciones a los uniformados en el departamento de Santa Cruz.
