Los conflictos sociales en Perú aumentaron bajo el gobierno izquierdista del presidente Pedro Castillo, que llegó al poder hace casi un año con la promesa de hacer reformas en favor de las comunidades, dijo este miércoles un colectivo de entidades ambientalistas.
«En la actualidad la conflictividad social está en alza, con alrededor de 209 conflictos sociales en el país, de los cuales la gran mayoría (160) son activos», indica un reporte del Observatorio de Conflictos Mineros, que monitorea el impacto social de los proyectos en Perú.
«Somos campeones mundiales en conflictos sociales», en su mayoría ligados a faenas mineras resistidas por las comunidades de los Andes y la Amazonía, declaró el economista César Flores al presentar el reporte.
Flores afirmó que «las mesas de diálogo [entre comunidades y empresas] no llegan a ninguna parte», por lo que el gobierno de Castillo ha optado simplemente por reprimir a los manifestantes.
Un caso emblemático es el de la mina de cobre Las Bambas, a cuya actividad se resisten los pobladores andinos que bloquean las rutas de acceso, lo que ha paralizado sus faenas más de 50 días este año.
Luego de tres décadas de expansión minera, casi el 15% del territorio peruano está concesionado a empresas extractivas. Perú es el segundo mayor productor mundial de plata, tercero de cobre y quinto de oro, y la minería es motor importante de su economía.
Además de las grandes compañías mineras, en Perú hay miles de mineros informales, en la sierra andina y la selva, que contaminan tierras y ríos.
La líder indígena amazónica awajún Augostina Mayán dijo que ciertas medidas tomadas por el gobierno «han empeorado» la situación de su comunidad.
Desde el 22 de junio, cuando se decretó el estado de emergencia en la provincia selvática de Condorcanqui, fronteriza con Ecuador, aumentó -en vez de disminuir- la presencia de mineros ilegales que extraen oro en el río Cenepa, indicó Mayán.
«Los mineros que no son awajún se han apoderado del río. Tenemos que pedir permiso para poder navegar», explicó.
«Además de los habituales conflictos vinculados a la minería, ha habido paro de transportistas, de productores agrarios, de controladores aéreos, manifestaciones ciudadanas por el alza del costo de la vida y pedidos al gobierno que cumpla con sus promesas, destaca el reporte.
El informe fue elaborado por las ONG Fedepaz (Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz), CooperAcción (Acción Solidaria para el Desarrollo) y Grufides (Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo).
