El viceministro de Planificación, David Guachalla, ratificó la inviabilidad legal de atender la demanda de instituciones de Santa Cruz de programar los presupuestos departamentales con base en las proyecciones de población que habitualmente hace el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La distribución departamental de recursos según proyecciones «no es factible; hay una norma vigente que establece que los factores de coparticipación se los tiene que realizar a partir de la información censal», remarcó el viceministro Guachalla en entrevista con La Razón Radio, programa por internet y radio abierta (Radio Monumental) de La Razón.
El miércoles, una reunión del Comité Interinstitucional cruceño para el Censo determinó demandar del Gobierno que los presupuestos departamentales de 2023 sean programados con base en las proyecciones del INE; esto porque —alegaron— la postergación del censo hasta 2024 va a impedir la mayor asignación de recursos que Santa Cruz debería tener por un incremento de población.
También el miércoles, el presidente de la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB), el alcalde de Tarija, Jhonny Torres, dijo que la demanda cruceña de planificar el presupuesto según proyecciones, «puede ser legítima, pero no es legal».
La AMB representa a los municipios de capital de departamento más El Alto y estuvo representado en el Consejo Nacional de Autonomías que decidió la postergación del Censo de Población y Vivienda, prevista inicialmente para el 16 de noviembre de este año.
Respecto del anuncio de que la brigada cruceña de oposición llevaría adelante procesos penales contra autoridades responsables del Censo, por incumplimiento de deberes, Guachalla también los desechó.
Según dichas versiones, el Gobierno incumple la ley que determina que el Censo Nacional de Población y Vivienda debe ser cada 10 años. Al respecto, Guachalla precisó que dicha norma es una modificación de la Ley de Participación Popular; esta última, como se sabe, dijo, ha sido sustituida por la Ley Marco de Autonomías; en este sentido, a la fecha no existe norma que diga que hay un tiempo determinado para hacer los censos.
«Lo que sí hay es la recomendación internacional de hacerlo cada 10 años», afirmó.
Según el Decreto Supremo 4760, promulgado el miércoles, la nueva fecha del Censo de Población y Vivienda, prevista para mayo o junio de 2024, será definida el primer trimestre de ese año.
