Un fallo de la Sala Constitucional Cuarta de La Paz que exhorta al Legislativo a designar lo más pronto al Defensor del Pueblo, desató una polémica por sus alcances e incluso la denuncia del expresidenta Carlos Mesa de un golpe de estado. El Gobierno recordó que puede hacer designaciones interinas y el Legislativo reivindicó su atribución de designaciones.
El ministro de Justicia, Iván Lima, recordó que el Gobierno asume “medidas de emergencia” ante el incumplimiento de atribuciones del Legislativo en la designación de autoridades.
“Si la Asamblea Legislativa no toma la decisión y el mandato que le da la Constitución de elegir, tendrá que ser otro órgano del Estado que impone medidas de emergencia que ya se han dado en el país. No estoy dando ninguna noticia novedosa, cuando la Asamblea no toma decisiones, el Órgano que debe decidir el funcionamiento el Estado es el Ejecutivo”, explicó.
El delegado Adjunto de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Franklin Gutiérrez, informó el jueves que la Sala Constitucional Cuarta de La Paz declaró procedente en parte la Acción de Cumplimiento que presentó y que exhortó al presidente del Legislativo, David Choquehuanca, a convocar a sesión para elegir al nuevo Defensor del Pueblo.
Mientras que el presidente de Diputados, Freddy Mamani, llamó a no magnificar el tema y sostuvo que la elección del Defensor del Pueblo es “tuición plena de la Asamblea Legislativa”, por lo que “la decisión tomada por el tribunal lo único que hace es exhortar (a la elección del Defensor)”.
“Pero de no darse, de dar una tuición al Órgano Ejecutivo, eso no está correcto, en eso nosotros vamos a hacer rápidamente una evaluación, vamos a analizar y en función a eso esperamos que la oposición ya tome conciencia y que de una vez ayuden a elegir al Defensor del Pueblo y no tener este tipo de inconvenientes”, declaró.
Lima recordó que en el pasado los expresidentes Mesa y Evo Morales recurrieron a la designación de magistrados por decreto.
Mesa, a través de su cuenta en Twitter, publicó un comunicado de su organización política Comunidad Ciudadana (CC) en el que se denunció que el fallo judicial sobre el Defensor del Pueblo “consuma un golpe de Estado anulando las atribuciones de la Asamblea Legislativa”, al establecer una relación de coordinación entre Ejecutivo y Legislativo.
“El alcance de esta resolución no se limita al Defensor del Pueblo. Con los mismos fundamentos se aplicará también al Contralor General del Estado, altos jueces y fiscales, vocales electorales y otras altas autoridades que requieren la decisión de la Asamblea Legislativa. Es además de ejecución inmediata y carácter vinculante”, denunció.
Según Lima, lo que debe quedar claro es que “no puede interrumpirse la labor del Estado” y recordó que en 2023 la Asamblea deberá elegir a 26 nuevas autoridades del Órgano Judicial.
El 18 de mayo, la Asamblea Legislativa decidió aplazar sin fecha la designación del nuevo Defensor del Pueblo al no hallarse consenso sobre los dos tercios de votos; mientras que el 25 de junio se inició el proceso de preselección de candidatos a Contralor General del Estado.
