El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) condenó a Bolivia a indemnizar al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), accionaria mayoritaria de la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) Previsión, con $us 105 millones por los perjuicios derivados de la demora en el traspaso del servicio a la Gestora Pública.
Según el portal cronicavasca.com, el documento del laudo establece que no se cuestionó la nacionalización de la administración de los aportes de jubilación, sino la «implementación anárquica de la nacionalización y del proceso de traspaso del servicio a la gestora pública, que ha perjudicado las operaciones de BBVA Previsión y consumido sus recursos».
En agosto de 2018, la firma española instauró el laudo arbitral en el CIADI, tribunal del Banco Mundial, por el traspaso del manejo de los aportes de jubilación de la Administradora de Fondos de Pensiones BBVA Previsión a la estatal Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.
No obstante, ahora el fallo es por “el aplazamiento de forma continua e injustificada […] ha violado y continúa violando el estándar de trato justo y equitativo y la prohibición de arbitrariedad», sostiene el banco en la documentación del laudo, ya que «ha perjudicado las operaciones de BBVA Previsión y consumido sus recursos».
El 14 de enero de 2015, el Gobierno aprobó el Decreto 2248 que definió la constitución de la Gestora Pública que debía iniciar operaciones en un plazo no mayor a 18 meses a partir de su publicación, fecha que culminaba el 15 de julio de 2016.
Por diferentes razones, la Gestora Pública hasta el momento no terminó de administrar los aportes de jubilación.
BBVA Previsión, como Futuro de Bolivia, se hizo cargo de los recursos para la jubilación en junio de 1997 con la promulgación, el 29 de noviembre de 1996, de la Ley de Pensiones.
El 29 de abril, el gobierno del expresidente Evo Morales anunció el retiro del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
El banco vasco sostiene que ha sido sometida a un «hostigamiento» con el objetivo de «neutralizar el pago de la indemnización como consecuencia de la nacionalización», informó el portal cronicavasca.com.
