DIBUJO LIBRE
En las últimas dos décadas, Bolivia experimentó innegables mutaciones económicas para el largo plazo: crecimiento, redistribución, cambios notorios en la estructura socioeconómica y mayor participación política de sectores tradicionalmente excluidos por su condición étnica. Basta mencionar que el PIB de 2006, que fue de $us 11.521 millones pasó a ser $us 40.500 millones en 2018; es decir, la producción nacional llegó a ser cuatro veces más grande. El PIB per cápita pasó de $us 1.227 en 2006 a $us 3.581 en 2018, el indicador del ingreso por habitante llegó a ser tres veces mayor.
A este notorio crecimiento se sumó que un gran porcentaje de los bolivianos salieran de la pobreza. Con el pasar los años 2006 a 2018, la población de ingresos altos se mantuvo constante en 4,0% del total de bolivianos, mientras que la población de ingresos medios creció de 3,3 millones de personas en 2006 a 7 millones en 2018; es decir, la “clase media” en Bolivia prácticamente se duplicó. Simultáneamente, la población de ingresos bajos se redujo de 5,7 millones de personas en 2006 a 3,9 millones en 2018; en concreto, cerca de 2 millones de bolivianos salieron de la pobreza. Tomando en cuenta datos oficiales de la CEPAL, Bolivia es el país que más redujo la pobreza moderada y extrema, en el periodo de 2006 a 2018.
Tras este tiempo de estabilidad y crecimiento, en noviembre de 2019 surgió una fuerte crisis política que se cristalizó en la instauración de un gobierno transitorio violento y poco legítimo que puso en riesgo la misma democracia. A ello se sumó la grave crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19. El resultando de esta crisis generalizada fue un crecimiento negativo del PIB en 2020; la producción nacional no solo se paralizó, sino que se contrajo, en -7,3%, representando una seria amenaza para aquella población vulnerable de bolivianos con ingresos medios o “clase media emergente”, de retornar a su posición inicial de pobreza.
A pesar de aquello, la constante presión de los movimientos sociales obligó al gobierno transitorio a garantizar elecciones generales en octubre de 2020, con resultados claros que le dieron mayoría parlamentaria al Movimiento Al Socialismo (MAS) y le permitieron constituir un gobierno a partir de noviembre de 2020, el cual retomó el modelo económico iniciado en 2006. Los comicios electorales en Bolivia cumplieron con estándares de elecciones internacionales y se desarrollaron en el marco de la transparencia. El MAS obtuvo 55,11% de los votos, con más de 26 puntos de diferencia sobre el segundo más votado, garantizando su victoria en primera vuelta y logrando obtener 21 senadores de un total de 36 y 75 diputados de 130.
A casi dos años de la restauración del MAS en el Gobierno, la crisis sanitaria se encuentra bajo control y pareciera que la reactivación económica es eminente. A junio de 2022 las personas vacunadas gratuitamente alcanzaron a 7,3 millones; es decir, que 67% de la población boliviana ya cuenta con protección inmunológica frente a un eventual contagio del virus. Este porcentaje se encuentra muy cerca del 70%, que es la cifra de referencia de los organismos internacionales de salud para alcanzar la inmunidad de rebaño.
Por su parte, respecto a la reactivación económica, es importante remarcar que el PIB creció en 4,4% en 2021 y para el final del presente año se proyecta un crecimiento no menor a 3,8%, según el propio Banco Mundial, que ha colocado a Bolivia entre las cinco mejores economías de la región postpandemia. Queda pendiente la incumplida e impostergable tarea de tecnificar la mano de obra e industrializar plenamente el país, fortaleciendo así los bienes públicos como garantía de sostenibilidad nacional.
Volviendo al tema inicial, una clase social (sea alta, media o baja) se entiende como “un conjunto grande de personas que estadísticamente tienen acceso a condiciones de vida más o menos parecidas; por ejemplo, ingresos económicos, propiedades, titulaciones, prestigio o vínculos sociales.
Cuando las maneras generales de apreciar y valorar el entorno y apropiarse del espacio convergen, significa que estas personas pertenecen a una determinada clase social”.
Tradicionalmente, las “clases medias” en Bolivia solo llegaron a contener 30% de la población nacional y pese a sus múltiples posibilidades de acceso a educación siempre se caracterizaron por ser poco ilustradas en comparación a sus similares de países vecinos; por ende, de conductas conservadoras, racistas y en momentos históricos decisivos para el país, antinacionales. De profesiones reconocidas, pero poco prácticas al momento de encarar desafíos de innovación y desarrollo que requiere el país para su industrialización. Por otra parte, tendientes a ocupar físicamente el espacio en barrios cerrados alejados de los sectores populares.
Repentinamente, un movimiento sísmico en la sociedad boliviana comenzó a presionar a esta “clase media tradicional” compitiendo por sus antiguos espacios, puestos y oportunidades, dando paso a una nueva “clase media emergente” de origen popular. Fenómeno social necesario y oportuno, alentado desde el Estado que muchas veces se torna tenso y complejo, pero que finalmente termina ensanchando la población de ingresos medios o “clases medias” compuesta por la “tradicional” y la “emergente”, que ahora llega a contener 60% de la población nacional.
Un logro enorme considerando que el desarrollo de un país se mide por el tamaño de sus clases medias; pero poco efectivo en cuanto a que también se mide por el nivel de conocimiento y acompañamiento cultural.
Esta nueva “clase media emergente” de origen popular, que es más joven, de oficios aprendidos a exigencia del brusco y desordenado crecimiento de las ciudades capitales e intermedias; de medianos y grandes emprendimientos comerciales al margen formal y que en muchos casos ya ha accedido a las mismas profesiones tradicionales; penosamente, también es poco ilustrada, olvida fácilmente su valioso capital social ancestral y en muchos momentos decisorios muestra comportamientos antinacionales.
En síntesis, estamos ante un proceso dinámico de clases medias emergentes y un rediseño de las identidades colectivas, que todavía tiene la posibilidad de articular códigos y narrativas en búsqueda de un bienestar expandido. El reto actual es construir desde el Estado y la sociedad un desarrollo que vaya de la mano de la cultura; la revalorización de lo ancestral; la apreciación de lo natural, de la industrialización, de lo público y de lo nacional.
(*)Luis Paz Y. es economista, máster en Estudios Latinoamericanos
