Al menos los familiares de las víctimas de la masacre de Sacaba de 2019 y una mayoría de los legisladores del MAS buscan que Jeanine Áñez —que firmó el Decreto Supremo 4078— sea procesada en la vía ordinaria y no a través de un juicio de privilegio.
La información fue ofrecida por el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, en una entrevista con LA RAZÓN.
“Los familiares expresaron claramente, con su equipo de abogados, que siendo (Áñez) presidenta de facto, que violó la Constitución, no puede tener de ninguna manera derecho a juicio de privilegio”, develó el senador.
“Desde mi punto de vista, también es cierto; tienen toda la razón: los que violan la Constitución no tienen derecho a tener juicio de privilegio”, insistió Rodríguez.
El 26 de agosto de 2021, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) comunicó su decisión de derivar la proposición acusatoria por el caso contra Áñez y los ministros que firmaron el decreto de marras a la Asamblea Legislativa, a la espera de la aprobación, por dos tercios de votos, de un eventual juicio de responsabilidades.
El 14 de noviembre de 2019, dos días después de que asumiera el poder ante la renuncia del presidente Evo Morales, Áñez promulgó el decreto que eximía de responsabilidades penales a militares y policías que se preparaban para una eventual represión a cocaleros y colonizadores que anunciaron una marcha a Cochabamba en apoyo al Presidente.
Al día siguiente, el 15, un operativo conjunto de las fuerzas intervino la movilización en el puente Huayllani, en Sacaba, cuyo saldo final fue de 10 fallecidos y decenas de heridos. La acción se repitió en Senkata, El Alto, el 19 de noviembre, que terminó con el mismo número de asesinados.
El 17 de agosto del año pasado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó durante ocho meses la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019, presentó su informe que estableció que en la masacre de Sacaba hubo “muertes como ejecuciones sumarias” y en la de Senkata, “un conjunto de ejecuciones sin legal amparo”.
El requerimiento acusatorio del caso había sido presentado el 20 de agosto por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, que argumentó delitos “calificados provisionalmente como genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte”.
Instalado en la Asamblea Legislativa, el caso no fue resuelto aún. “No hay voluntad sana en la oposición de llevar a cabo este juicio de responsabilidades; mucho menos en el MAS, porque hay asambleístas del sector de Senkata y de Sacaba que se plantaron en sentido de no apoyar (el juicio de responsabilidades y dijeron que) tiene que ir por la vía ordinaria”, admitió Rodríguez.
La Ley 044, del 8 de octubre de 2010, “regula la sustanciación y formas de resolución” de juicios por delitos cometidos contra la Presidenta o Presidente y/o la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado y los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, de la Magistratura y del Ministerio Público.
La Asamblea Legislativa, “por decisión de al menos dos tercios de los miembros presentes, concederá la autorización de juzgamiento y remitirá todos los antecedentes a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia”, dice el parágrafo III del artículo 16.
El caso se encuentra en la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.
En éste y otros casos, Áñez demandó juicio de responsabilidades.
Incluso pidió el apoyo de Carlos Mesa, jefe de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), y Luis Fernando Camacho, de Creemos, para la autorización del proceso.
Al respecto, Rodríguez comentó: “Carlos Mesa ha puesto su predisposición de viabilizar el juicio de responsabilidades y sus propios parlamentarios guardan silencio, no dicen nada absolutamente, y nadie viabiliza, ni en Diputados ni en Senadores”.
Ni el MAS, ahí se entiende que el oficialismo tampoco toma el guante, retrucó el periodista. “Lamentablemente, no hay una decisión unísona del MAS para llevar el juicio de responsabilidades”, respondió el senador.
“Sobre los dos tercios, la oposición está muy cerrada en su posición de que ‘ha sido legal y constitucional’ (la sucesión de Áñez), y nosotros decimos ‘no ha sido legal’; entonces nos empantanamos al viabilizar los dos tercios”, insistió el titular de Senadores.
Admitió que en el MAS hay contradicciones respecto del caso. “Muchos parlamentarios dicen ‘vamos a juicio de responsabilidades’ y la mayoría dice ‘vamos por la vía ordinaria’. Este hecho generó (que el caso) esté en statu quo”.
En esas condiciones, la autorización de juicio de responsabilidades contra Áñez hace aguas debido a la falta de consenso entre el oficialismo y la oposición.
“Sacaba está presionando por que (el juicio a Áñez) se debe llevar por la vía ordinaria”, dijo Rodríguez a LA RAZÓN.
Según comentó, los familiares de las víctimas de las masacres de Sacaba, especialmente, han sopesado la posibilidad de tramitar el retiro de la proposición acusatoria radicada en la Asamblea Legislativa desde agosto de 2021.
¿Es posible, entonces, retirar la proposición acusatoria? “Se verá en los próximos días si es o no posible; yo no puedo hacer aseveraciones a priori porque éste es un tema muy delicado; no podemos atribuirnos a ser juez y parte, de ninguna manera”, respondió.
Adelantó que en “los próximos días” solicitará un informe de la Comisión Mixta para saber el estado del caso y sobre “cuál es la posibilidad de llevar un juicio de responsabilidades”.
Entretanto, ante la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de devolver el caso EBA (Empresa Boliviana de Alimentos) —por la contratación presuntamente irregular de la gerente, que involucra a Áñez— a la jurisdicción ordinaria, el ministro de Justicia, Iván Lima, adelantó que en los próximos días el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) solicitará la “ampliación” del juicio por Sacaba y Senkata a la exmandataria y a los exministros.
Todo apunta a que el caso derive en juicio ordinario. “La mayoría —yo diría entre un 80% y 90%— está de acuerdo en ir (en el caso) por la vía ordinaria. Si es así, casi es imposible llevar por la vía de la Asamblea”, dijo Rodríguez.
