El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, explicó el modus operandi de la banda de ciberestafadores que operaba en Santa Cruz, Bolivia, desde Ecuador, México, Perú y Chile.
Los operadores eran más de un centenar de jóvenes, que se implicaron en el ilícito luego de ser reclutados por sus conocimientos básicos sobre internet y otras tecnologías.
El caso de ciberestafas salió a la luz el miércoles después de un megaoperativo en la capital oriental. Ahora, los imputados esperan por sus audiencias de medidas cautelares en celdas de la Policía Boliviana.
La Fiscalía informó sobre la aprehensión de un décimo implicado en ciberestafas internacionales desde Santa Cruz. Se trata de una joven de 19 años que presuntamente era socia capitalista de la organización criminal.
En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Aguilera explicó el caso.
Personas de diferentes nacionalidades captaban a estudiantes y otras personas para trabajar en servicios de “call center” que se encontraba en un inmueble, donde realizaban llamadas para cobrar a personas deudoras en otros países. Y, en caso de no ser efectivos los pagos, se intimidaba y amedrentaba a las víctimas.
Según el Ministerio Público, la empresa que se constituía en fachada de la red criminal estaba muy bien estructurada, debido a que contaba ejecutivos y hasta personal de recursos humanos.
Los miembros de la firma tenían conocimientos en informática, eran casi licenciados y presentaban certificación de antecedentes, dijo Aguilera.
En dicho centro se encontró a más de 100 personas organizadas en bloques que eran “estaciones de trabajo”. Cada persona contaba con libretas con nombres, anotaciones de montos de dinero y cuentas bancarias para realizar las presuntas extorsiones.
Previamente, este “personal” era adoctrinado por ciudadanos bolivianos como Percy R. D. Con esa capacitación, los jóvenes llamaban al extranjero con el uso de “chips de distintas compañías” telefónicas.
El viceministro Aguilera contó que este caso fue descubierto gracias a la “cultura de los bolivianos de acercarse a su Policía. “En el último caso, y en el anterior, hemos coordinado con un periodista que nos brindó información”, contó.
Por eso, nuestros policías hicieron “penetración e infiltración” en esas organizaciones criminales. Con una verificación in situ se ha establecido horarios de entrada y salida; luego se hizo depósitos para establecer la titularidad de las cuentas, dijo.
Luego de ese trabajo se logró intervenir, a través de una “granja de datos”, las actividades de las primeras nueve personas aprehendidas.
Aguilera destacó que, actualmente, hay «un excelente porcentaje de interdicción» al ciberdelito.
En su explicación, los ciberestafadores saben de la necesidad y la vulnerabilidad de las personas, por eso no dan la cara y usan la tecnología virtual para aprovecharse de ellos.
Para eso, a través de la demanda u oferta de algún producto o servicio, ofrecen boletos aéreos, dispositivos y ofertas laborales.
Luego, las organizaciones criminales se ganan la confianza de las víctimas con algunos incentivos por sus adquisiciones, como envíos de premios, ventajas o rebajas de ciertos porcentajes. Posteriormente, envían un código QR, para que la víctima hace la transferencia. “La corroboración del (destinatario) no se verifica nunca”.
Ante eso, Aguilera recomendó la iniciativa del “doble clik”, que, en su criterio, consiste en la corroboración de la “información” que ofrece el delincuente; esto puede ser un boleto de avión, que hay contrastarlo con la empresa aérea, o el depósito, con un banco.
Indicó que después de recibir los pagos, hay víctimas que sufren acoso permanente por parte de ciberestafadores que continúan pidiendo transferencias bancarias. “El delincuente jamás va a dar la cara. No les hagan caso, (sus amenazas) no se va a materializar”, debido a que su beneficio se sustenta en el anonimato.
Aguilera indicó que los ciberestafadores también tienen la ventaja de la «transnacionalidad» del delito; es decir, que por su naturaleza implican la transferencia transfronteriza como parte esencial de la actividad delictiva.
Sin embargo, admitió que no hay suficiente normativa penal para la interdicción y la sanción del cibercrimen. «En Bolivia, el robo de identidad no es un delito, sino un procedimiento de los ciberestafadores”.
Lamentó que haya varios casos en que las víctimas son de la tercera edad que, por su falta de conocimiento, aceptan todas las condiciones y, de ese modo, otorgan el control de sus dispositivos móviles a terceras personas (cibercriminales).
Por ello, recomendó hacer una verificación de dos pasos, no compartir información sensible y no aceptar cookies en plataformas digitales.
El anglicismo cookie, usado también galleta o galleta informática, es un término que hace referencia a una pequeña información enviada por un sitio web y almacenada en el navegador del usuario, de manera que el sitio web puede consultar la actividad previa del navegador.
También, se refirió a la implementación del “doble click”, un mecanismo de prevención que consiste en corroborar la información con todas las personas que se pueda para no caer en una estafa o fraude virtual.
“Debemos verificar la información con otras personas porque nos encontramos en vulnerabilidad”, dijo.
En este último caso, los primero nueve investigados que irán ante un juez son Lei Z., de nacionalidad china; los peruanos Gianella M. M. L, Luis A.F. S. y Franco R. R., además del colombiano Miguel A.F. (traductor del hombre de nacionalidad china) y los bolivianos Marcelo T. M., Percy R. D. y Fiorela S. V.
Este viernes fue aprehendida una joven de 19 años de edad.
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