El presidente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Carlos Ramos, negó este martes que exista una relación contractual entre esa empresa estatal con la china CAMC y defendió la “transparencia” de la estatal.
“Quiero aclarar que en la gestión que presido no ha existido ni existe una relación contractual con la empresa (china) CAMC. YLB no tiene ninguna relación y mucho menos contractual con CAMC”, dijo el funcionario en una conferencia de prensa en La Paz.
Esas declaraciones ocurren luego de que algunos políticos opositores a la administración del presidente Luis Arce advirtieran supuestos vínculos comerciales entre YLB y la otrora acusada de ser beneficiada con contratos millonarios durante la gestión del expresidente Evo Morales, Gabriela Zapata.
Ramos dijo que el proceso de licitación internacional de ingeniería para la construcción de la planta de tratamiento de agua y facilidades de bombeo, se llevó adelante “en estricto cumplimiento a la normativa legal vigente que rigen los procesos de contratación del Estado”.
Exigió que las personas que emitieron criterios en función de ese supuesto vínculo empresarial presenten los documentos que sustenten sus declaraciones y pidió a la población “no dejarse sorprender por declaraciones que están alejadas de la verdad”.
“Trabajamos de manera responsable y no vamos a permitir que se ponga en duda la transparencia de YLB”, agregó.
En enero de 2016, un mes antes del referendo del 21 de febrero —que es conocido como el 21F y en el que la mayoría de la población consultada dijo “No” a la modificación de la Constitución Política del Estado para una nueva postulación del ahora expresidente Evo Morales—, el presentador Carlos Valverde desveló la relación entre Morales y Gabriela Zapata, entonces gerente comercial de CAMC, con la que el Estado firmó acuerdos por más de $us 500 millones, y denunció “tráfico de influencias”.
Luego de 13 sesiones, una comisión que estaba conformada por siete legisladores del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) y cinco de las opositoras Unidad Demócrata (UD) y del Partido Demócrata Cristiano (PDC), estableció en un informe de 71 páginas, que no hubo ilícitos y que los tratos no se firmaron ni gestionaron en oficinas de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, como se había denunciado.
Video: Roberto Guzmán
