El comité impulsor del caso Golpe de Estado II presentó este miércoles una denuncia formal por la supuesta comisión de los delitos de genocidio, alzamiento armado, conspiración, entre otros, en contra de los expresidentes Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga; los excívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, el empresario y político opositor Samuel Doria Medina y los exministros de la gestión de la exmandataria Jeanine Áñez.
La denuncia también incluye al ex comandante de la Policía Boliviana Yuri Calderón y al ex comandante de las Fuerza Armadas Wiliams Kaliman, al exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Waldo Albarracín e incluso al exministro Carlos Sánchez Berzaín.
“Por un acto de responsabilidad, para tipificar este tipo de delitos nos hemos permitido presentar suficiente prueba”, dijo Rolando Cruz, miembro de ese comité, a los periodistas en puertas de la Fiscalía General del Estado, en Sucre.
Además, la denuncia contempla, entre otros a los exministros Karen Longaric, Jerjes Justiniano, Arturo Murillo, Fernando López, José Luis Parada, Yerko Núñez, Roxana Lizárraga, Mario Ordóñezy Rodrigo Guzmán.
Áñez, detenida desde marzo de 2021, inicialmente fue acusada por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración dentro del proceso denominado Golpe de Estado I, a instancias de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.
Luego fue abierto otro proceso en su contra por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, denominado Golpe de Estado II.
En ese segundo proceso, Áñez fue juzgada por delitos cometidos antes de asumir sus funciones como mandataria transitoria en noviembre de 2019, durante una crisis político-electoral.
El 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Evo Morales renunció a su cargo en medio de protestas cívicas que denunciaban un supuesto fraude electoral, un motín policial y hasta una “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que dimitiera.
Dos días después, la entonces segunda vicepresidenta del Senado asumió la presidencia de dicho órgano camaral y luego la jefatura del Estado en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin quorum ni asistencia de la bancada mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS). Ese hecho fue calificado como un golpe de Estado.
