El director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), Rodrigo Puerta, informó que el 90% de los 56 municipios que tiene Santa Cruz no acataron el paro de este lunes 25, convocado por la Gobernación de Santa Cruz, además de otras instituciones y organizaciones cívicas.
“El reporte que tenemos es que el 90% de los municipios de Santa Cruz no han acatado el paro y que hay cinco o seis municipios que, de manera expresa, habrían expresado la aceptación”, informó Puerta durante una entrevista con el programa Piedra, Papel y Tinta de La Razón.
La medida es impulsada por el Comité pro Santa Cruz, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y el gobernador Luis Fernando Camacho, demandando que el Censo de Población y Vivienda se realice en 2023, y no en 2024, decisión que fue asumida hace un par de semanas por el Consejo Nacional de Autonomías (CNA).
En criterio del director de la FAM, esta medida no es un paro como tal, sino un bloqueo esporádico y parcial de algunos sectores en el área urbana, lo cual vulnera los derechos fundamentales de la ciudadanía y afectan el desarrollo de la región.
“Se trata de los derechos de las personas y de las instituciones, estamos hablando del derecho a la salud, educación, al trabajo, a la circulación, a la estabilidad económica, esos derechos están siendo vulnerados con este paro, que en realidad es un bloqueo a los derechos de las personas”, afirmó Puerta.
Agregó que estas medidas afectan el desarrollo local y nacional, pues “en estos momentos deberíamos avanzar en la recuperación económica y en la lucha contra el COVID-19”.
Por su parte, María René Álvarez, diputada de Creemos por Santa Cruz, afirmó que el hecho de realizar el Censo en 2024 derivará en una postergación para todo el país, sobre todo para ese departamento, en el entendido que esa región “recibe a la mayoría de la migración poblacional de todo el país”.
“Tenemos una sobrepoblación que lamentablemente no es atendida, por falta de recursos en los municipios y la Gobernación. No hay atención efectiva en salud, educación y servicios básicos. Esa es la necesidad que lleva a hacer este tipo de medidas ciudadanas”, afirmó la legisladora de oposición.
Por su parte, el diputado Jerjes Mercado (MAS) afirmó que solo son algunos sectores del área urbana fueron afectados por los bloqueos, pues hay “total normalidad” en el resto del departamento.
Lamentó, además, que el gobernador Camacho haya movilizado “grupos de choque” que obligaron a algunos ciudadanos a acatar la medida de presión.
“Los transportistas están trabajando en las laderas de manera normal, también los gremiales, excepto en el centro donde estos sectores productivos son sujetos de presiones y arbitrariedades”, enfatizó.
