El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, fue imputado por el Ministerio Público, en el marco de las investigaciones que se realizan en el denominado caso Ambulancias. La autoridad, del MAS, ahora es investigada por seis delitos de orden penal.
Además de Mamani, otros funcionarios fueron incluidos en la investigación y aguardan la audiencia de medidas cautelares, informó el miércoles el asambleísta de Potosí Jaime Osvaldo Flores.
“El gobernador Jhonny Mamani y el secretario jurídico y una decena de personas han sido imputados por el Ministerio Público en el caso de 41 ambulancias. La audiencia de medidas cautelares está fijada para el 4 de agosto, a las 10.00, en el Juzgado Cautelar Segundo en lo Penal”, detalló.
En ese marco, precisó que Mamani es investigado por los delitos de falsedad ideológica, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, uso indebido de influencias y uso de instrumento falsificado.
El asambleísta potosino, quien presentó la denuncia hace un par de meses, expresó su satisfacción por esta determinación judicial, en el entendido de que fue “una larga lucha jurídica, después de haber tenido constancia”.
Las investigaciones dan cuenta que la Gobernación de Potosí dispuso la adquisición de 41 ambulancias para ese departamento.
En ese marco, los vehículos llegaron hasta el puerto de Iquique, Chile, donde se constató que eran reacondicionados. El caso fue denunciado ante el Ministerio Público, aunque en primera instancia el gobernador Mamani deslindó toda responsabilidad.
Asimismo, se conoció que en diciembre de 2021 se pretendía pagar Bs 20,5 millones por este lote; no obstante, ante las denuncias, el contrato fue anulado.
En marzo de este año, un informe de la Procuraduría General del Estado estableció que “existen indicios evidentes de que pudiese existir responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)”.
Sin embargo, en ese entonces, Mamani descartó renunciar al cargo y aseguró que el informe de la Procuraduría solo tiene carácter de “recomendación”.
En el marco de este caso, la más reciente actuación judicial se registró en junio, cuando la Fiscalía imputó a tres exfuncionarios del Servicio Departamental de Salud (Sedes), que eran parte de la comisión de calificación y recepción para la compra de las 41 ambulancias.
Entonces, el Gobernador potosino no fue incluido en esa medida legal, pero ya estaba en calidad de investigado. El asambleísta Flores, en esa oportunidad, criticó la decisión de la Fiscalía, a la que acusó de tender un “manto de impunidad” y emitir resultados judiciales “a pedido del MAS”.
