“Nosotros entendemos la situación (económica) del país, no es como creen los empresarios privados que somos draconianos, (pero la crisis) a quienes afectó más es a los trabajadores”, afirmó este lunes la ministra de Trabajo, Verónica Navia, ante el temor de los privados de que el incremento salarial genere más despidos de los empleados en el país.
El Gobierno, tras una negociación con la Central Obrera Boliviana (COB), dispuso para este año un aumento del 4% al salario mínimo nacional y del 3% al haber básico de determinados sectores.
Entretanto, Navia sostuvo que algunos empresarios, incluso antes de sufrir la crisis, simplemente pusieron un candado a sus emprendimientos para dedicarse a otra cosa, mientras sus trabajadores se quedaron en la calle.
“Entonces, nosotros entendemos la situación del país y claro que entendemos, (por eso) estamos proponiendo que la otorgación de un derecho no vulnere el derecho de otras personas, (es decir) que la otorgación del incremento salarial, por ejemplo, no vulnere el derecho a la estabilidad laboral”, señaló.
Además, “escuché (…) al empresariado privado (…) que dice que este ‘incremento draconiano del gobierno inconsciente va a generar 600.000 despidos’, (pero) la verdad yo no entiendo de dónde sacan ese número”, añadió la autoridad en una entrevista con el canal estatal.
Pues, Navia precisó que en el Registro Obligatorio de Empleadores (ROE), que está en el Ministerio de Trabajo y donde hay la obligación de presentar mensualmente las planillas, están inscritos solo 357.000 trabajadores, aproximadamente.
Es decir, “357.000 trabajadores que registra la empresa privada a través del ROE, (entonces) no sé de dónde sale (el dato de) 600.000 despidos, realmente es una cifra que, primero, (hará que nosotros) revisemos mejor nuestra base de datos internamente porque no quiero tampoco ser temeraria en las dudas que tengo”, sostuvo.
Luego, según la ministra, también se revisará que los empresarios “no estén eludiendo el registro de algunos trabajadores porque eso sería ya vulnerar derechos y dejar en desprotección” a los empleados.
“Y, por último, vamos a coordinar con el Ministerio de Economía para ver si no hay un tema impositivo de por medio”, anunció.
Incluso dijo que si se habla de 600.000 despidos, “tal vez haya ítems fantasma”, pero que se buscará la “forma de que coincidan los datos de lo que amenazan los empleadores con que se tiene registrado” en el Ministerio de Trabajo.
Asimismo, aseguró que ya están “en contacto” con el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec) “para cruzar todos estos datos, porque realmente es preocupante”, tomando en cuenta que, según su versión, “si hubieran 600.000 despidos, significaría que el país se quedaría sin ningún trabajador en actividad productiva”.
Pero “creo que la situación no es (así) tan exagerada. Incluso, en 2017, cuando hubo el 7% de incremento salarial, fue el año en que menos despidos hubo, entonces, no está ligado el incremento con los despidos que genera la empresa privada”, apuntó.
