Asumió el mando de Honduras hace cien días y, aunque el optimismo sobre su gestión se mantiene, la izquierdista Xiomara Castro aún debe limpiar la imagen del país, manchada por el narcotráfico y la corrupción, y contener una migración alentada por la pobreza.
Castro, de 62 años, esposa del expresidente Manuel Zelaya, derrocado en 2009, se convirtió el 27 de enero en la primera presidenta de este país centroamericano, tipificado como un «narco-Estado» en una corte estadounidense.
Su antecesor, Juan Orlando Hernández, fue extraditado recientemente a Estados Unidos por narcotráfico, y en la fila está el exjefe de la Policía, Juan Carlos Bonilla. «Tony» Hernández, hermano del exmandatario, ya cumple cadena perpetua allá, por el mismo delito.
Para el directivo del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda, «estos primeros cien días han sido cuesta arriba» porque «es difícil construir sobre una base podrida que dejaron» los dos gobiernos de Hernández (2014-2018 y 2018-2022).
Altas promesas de campaña
Castro acabó con una hegemonía de partidos de derecha (Partido Liberal y Partido Nacional). Acusa a este último de dejar al país en crisis y con una deuda pública de 17.000 millones de dólares. Prometió cambios estructurales con un «socialismo democrático» antineoliberal.
En sus primeros días exoneró del pago de tarifas eléctricas a sectores vulnerables, mientras busca renegociar contratos con generadoras para rebajar el costo de la energía.
Pero aún tiene pendiente la creación de empleo, en un país de 10 millones de habitantes, donde casi el 74% de los hogares vive en pobreza. Muchos ven en la masiva migración irregular a Estados Unidos una forma de conseguir empleo.
Al asumir Castro, «hubo una esperanza exacerbada [en la población] debido a que las promesas de campaña fueron muy altas», comentó Zepeda.
«Xiomara llega a los cien días todavía con oxígeno para la continuidad de su propuesta original», dijo por su parte el sociólogo Pablo Carías.
Pero para José Salvador Matute, un guardia de seguridad de 25 años en Tegucigalpa, «en estos cien días no se ha visto nada, como que está peor [la situación]. De todo lo que ella prometió no ha cumplido nada, todo está más caro», asegura.
Castro ha debido lidiar con un alza de combustibles producto del conflicto Rusia-Ucrania.
El Estado absorbe parte de este impacto en los precios locales, aunque eso no evitó una protesta de gremios de transportes y algunas manifestaciones incipientes de maestros o médicos pidiendo trabajo.
Según el sociólogo de la Universidad Nacional de Honduras Allan Fajardo, apenas «se están creando las bases para el cumplimiento» de mejores condiciones de vida.
Aunque no hay sondeos recientes sobre su gestión, el último domingo Castro se dio un baño de popularidad durante la celebración del Día del Trabajo.
Narcotráfico y corrupción
«Honduras ha sido dañada en su reputación institucional, internacional e internamente, por un expresidente, al haberse involucrado en narcotráfico (…) creemos que el gobierno [de Castro] debe generar una política pública [contra el narcotráfico], que no la hemos visto en estos cien días», comentó el directivo de la no gubernamental Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Kenneth Madrid.
El ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, dijo recientemente a la AFP que hay una «propuesta integral» para combatir los carteles.
El sociólogo Carías considera que durante la gestión de Castro continuarán las extradiciones. Y da señales de lucha contra la corrupción.
La primera de ellas fue derogar la ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), aprobadas en 2013, que recibieron el rechazo generalizado al permitir territorios autónomos dentro de Honduras, violando artículos pétreos de la Constitución.
La sociedad civil consideró que estos territorios pudieron ser utilizados por narcotraficantes para evadir a la justicia.
«También está la promesa de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH, auspiciada por la ONU) que pareciera que está caminando», añadió Carías.
A mediados de mayo, una misión de Naciones Unidas debe llegar a Honduras para impulsar la creación de la CICIH, prometida por Castro durante la campaña, con el objetivo de investigar los casos de corrupción en el pasado y presente gobierno.
Apoyo de EEUU
Todas estas medidas cuentan con el respaldo de la administración Biden. La propia vicepresidenta Kamala Harris estuvo en la toma de mando de Castro.
Aunque la propuesta para renegociar contratos con generadoras de energía provocó críticas de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, estas fueron luego amainadas por Washington.
Fajardo estima que Castro va por la ruta correcta en sus relaciones con Estados Unidos, en cuanto a grandes objetivos. «Detener o reducir drásticamente la migración irregular, y detener o reducir drásticamente también el flujo de drogas a través del territorio hondureño».
(05/05/2022)
