La Convención Constitucional entregó este lunes para su revisión la primera versión de la nueva Carta Magna de Chile, que consagra un nuevo «catálogo de derechos sociales», en respuesta al reclamo de los chilenos por un país con mayor igualdad social.
«Aquí están los anhelos de millones de ciudadanos y ciudadanas que transversalmente depositaron en este proceso sus sueños y esperanzas», dijo la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, en el discurso en el que formalizó la entrega del borrador de la propuesta de nueva Constitución.
La entrega se realizó en una sesión especial del pleno -la número 104 desde que se instauró la Convención el 4 de julio del año pasado-, a los pies de las ruinas de Huanchaca, un monumento nacional emplazado en Antofagasta, ciudad a 1.330 km al norte de Santiago.
«En este texto se materializa una nueva forma de relacionarnos; una nueva forma de entender la vida en nuestro país, donde en la que todos y todas pueden sentirse protegidos. Con estas normas y artículos comenzamos a construir un Chile más justo», agregó Quinteros.
Para su revisión, el borrador de 499 artículos fue entregado a la Comisión de Armonización, que debe velar por su orden y coherencia.
La redacción de este texto fue la salida política que encontró Chile para apaciguar las violentas protestas que estallaron en octubre de 2019 en reclamo de mayor justicia social en un país muy desigual, en que solo en 2021 el patrimonio de los chilenos más ricos representó el 16,1% del PIB, según estimó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
La nueva propuesta busca reemplazar a la vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que no garantiza derechos sociales que ahora consagra este nuevo texto, que será sometido a un plebiscito con voto obligatorio el próximo 4 de septiembre.
Antes, el 5 de julio, se hará entrega de la versión definitiva al presidente Gabriel Boric.
La propuesta de Nueva Constitución dejó fuera muchas ideas que causaron polémica en las discusiones, como el referéndum revocatorio, la pérdida de autonomía del Banco Central o la nacionalización de la minería.
En cambio consagra un «Catálogo de derechos sociales», con un Estado garante en salud, educación, vivienda digna y una pensión. Establece, además, un nuevo ordenamiento del sistema político y de justicia, junto a una nueva forma de distribuir el poder en gobiernos regionales.
