A través de la resolución 144/2022, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) ordenó la contratación de peritos para investigar y sancionar a los autores de memes en contra de Álvaro Quelali, dirigente estudiantil de la Federación Universitaria Local (FUL), cuestionado por permanecer 20 años en calidad de estudiante en esa casa de estudios superiores.
Dicha resolución aprueba “la contratación como perito informático de la Universidad Mayor de San Andrés; dependiente de Secretaría General, (…), cuya función específica será resguardar y preservar la inviolabilidad de las plataformas, sistemas, páginas y redes sociales institucionales, además de identificar a aquellos posibles agresores, a fin de iniciar las acciones disciplinarias o jurisdiccionales correspondientes», reseña el tercer punto del documento.
Las autoridades universitarias justificaron ese hecho acusando un «ataque cibernético sufrido en ese momento; a partir de la cual (sic) personas no identificadas violaron los sistemas de seguridad existentes, logrando ingresar a la página institucional y generar memes que dañan expresamente la imagen y dignidad del Univ. Álvaro Quelali Calle, secretario ejecutivo de la Federación Universitaria Local».
Quelali, aparte de ser observado por su estancia como estudiante por 20 años, es cuestionado por supuestamente favorecerse del cargo de dirigente para administrar recursos de la universidad.
Por su parte, el rector de la UMSA, Óscar Heredia, en una entrevista con La Razón Radio, afirmó que la reglamentación en cuanto al tiempo de permanencia de los estudiantes en la universidad y su dirigencia no está normada y que ello se podría regular en un congreso universitario, que no se realiza desde 1988, pero “no existe la voluntad política de los dirigentes, estudiantes y los mismos docentes”.
Este hecho ocurre en coincidencia con los supuestos hechos de corrupción del presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Max Mendoza, de 52 años, que fue denunciado por los delitos de enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica, peculado, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, uso indebido de influencias, usurpación de funciones, contratos lesivos al Estado, contribuciones y ventajas ilegítimas del servidor público, además de uso indebido de bienes y servicios públicos.
